Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante el creciente uso del derecho penal sin las garantías del debido proceso, el acoso, estigmatización y la persecución que ejercen las autoridades salvadoreñas contra personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios, activistas ambientales, profesores universitarios  abogados, periodistas y otras voces críticas hacia el poder.

Destacados periodistas, activistas y abogados, como la ex fiscal y defensora Ruth López y el profesor y abogado constitucionalista Enrique Anaya, han sido detenidos arbitrariamente, en represalia a su trabajo de documentación y denuncia de corrupción, violaciones a derechos humanos y ataques al Estado de derecho en El Salvador. Ambos se encuentran en prisión preventiva prolongada y enfrentan cargos espurios e infundados de malversación y blanqueo de capitales, respectivamente. Estas detenciones envían un mensaje intimidatorio al resto de la sociedad civil y erosiona aún más la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad e independencia del sistema judicial salvadoreño.

El Estado salvadoreño ha intensificado sus ataques contra la sociedad civil y prensa independiente mediante estrategias coordinadas en los ámbitos jurídico, institucional y mediático para silenciar su labor. Es sumamente alarmante que sean perseguidos bajo el régimen de excepción prolongado que suspende derechos y libertades fundamentales, medida cuyo objetivo es controlar a las pandillas del crímen organizado. 

En un contexto de alta concentración del poder, se promulgó la Ley de Agentes Extranjeros, que impone severas restricciones a las organizaciones no gubernamentales, entre ellas onerosos requisitos de registro, un impuesto del 30 por ciento sobre la financiación extranjera y amplios poderes para suspender sus actividades, basándose en vagas acusaciones de actividad política. Junto con la retórica hostil de altos funcionarios encabezada por el presidente Bukele, estas medidas tienen por objeto deslegitimar las voces independientes y restringir las actividades ilícitas propias de las organizaciones de la sociedad civil. 

La persecución de defensores como Ruth López y Enrique Anaya refleja una estrategia más amplia para desmantelar la supervisión cívica y el Estado de derecho, y criminalizar la crítica y la defensa de los derechos humanos. Otros ejemplos de criminalización incluyen a los líderes comunitarios de La Floresta y la cooperativa El Bosque, entre ellos Fidel Zavala, Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, quienes han sido detenidos durante protestas pacíficas por la tierra y los desalojos.

Es importante señalar que, a lo largo del gobierno de Nayib Bukele, docenas de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas y abogados, exfuncionarios públicos, miembros de la oposición política y empresarios se han visto forzados a exiliarse fuera del país. Esta tendencia, preocupante en sí misma, se ha intensificado notablemente en el último mes, reflejando un clima creciente de represión y persecución que restringe gravemente el espacio cívico y democrático en El Salvador.

La represión del espacio cívico en El Salvador se da en un marco más amplio de erosión de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho. Como resultado del régimen de excepción más de 85,000 personas han sido detenidas sin respeto a las garantías básicas del debido proceso,incluídas la presunción de inocencia, el acceso a un juicio justo e imparcial, y en condiciones inhumanas de privación de la libertad. Organizaciones locales han documentado por lo menos 400 muertes de personas en custodia desde el inicio del régimen de excepción.

En consecuencia, hacemos un llamado al Estado salvadoreño a:

• ​​Liberar de inmediato a los abogados Ruth López y Enrique Anaya, así como a todas las personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios que han sido detenidas arbitrariamente por razones políticas; y respetar  las garantías del debido proceso, incluido el derecho a un juicio público, en cualquier proceso que se siga en su contra.
• Abstenerse de utilizar la detención preliminar como una forma de castigo anticipado contra personas defensoras de derechos humanos y otras detenidas por motivos políticos, en clara contravención de las garantías del debido proceso y los estándares internacionales de los derechos humanos. 
• Proteger a las personas defensoras de represalias, acoso, tortura y amenazas, y garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos. 
• Restablecer condiciones que permitan la libertad de expresión, asociación y reunión, y armonizar las leyes nacionales con las obligaciones internacionales de El Salvador, incluyendo mediante la derogación de la Ley de Agentes Extranjeros.
• Poner fin al uso indebido y abusivo de medidas de emergencia y en todo caso, garantizar el derecho a un juicio justo.

Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad Internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, a:

• Urgir al gobierno de El Salvador a cesar inmediatamente la instrumentalización del sistema penal contra de personas defensoras de derechos humanos o que expresen sus críticas al gobierno.
• Actuar de manera urgente, por los medios diplomáticos, asistencia y cooperación condicionada, entre otros medios, para proteger el espacio cívico, el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en El Salvador.

• Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (México)
• Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
• Asociación Pro Derechos Humanos -APRODEH, Perú
• Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
• Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) / Ecuador
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Consultora Solidaria (México)
• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES (Colombia).
• Convergencia por los Derechos Humanos (CDH), Guatemala
• Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela.
• Due Process of Law Foundation (DPLF)
• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ). Honduras
• Global Strategic Litigation Council for Refugee Rights
• Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
• Latin America Working Group (LAWG)
• Movimiento Autónomo de Mujeres
• Robert F. Kennedy Human Rights 
• Synergía, iniciativas para los derechos humanos
• Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
• The International Commission of Jurists
• Washington Office on Latin America (WOLA)