[Tegucigalpa/Washington D.C., 19 de enero de 2026] La Red Lésbica Cattrachas y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, representantes de las víctimas en el caso Leonela Zelaya y otra vs. Honduras, celebramos la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificada el día de hoy, en la que declaró la responsabilidad del Estado de Honduras por las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de Leonela Zelaya, una mujer trans y trabajadora sexual, así como de su familia social, Thalía Rodríguez.

En 2004 Leonela fue detenida ilegal y arbitrariamente en diversas ocasiones por agentes estatales. Fue golpeada, insultada y humillada por su identidad de género y su condición de trabajadora sexual. El 6 de septiembre de 2004, cuatro días después de su última detención a manos de agentes policiales, su cuerpo fue hallado sin vida en la vía pública.

Esta decisión constituye una victoria largamente esperada para las mujeres trans, para las personas LGBTI y para todas las víctimas de violencia y discriminación estructural en Honduras. La Corte reconoció que Leonela Zelaya fue víctima de detenciones ilegales y arbitrarias, motivadas por prejuicios y amparadas en una normativa incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, la Corte estableció que el Estado desconoció la identidad y la expresión de género de Leonela durante la investigación sobre su muerte, reproduciendo prácticas discriminatorias que profundizaron la impunidad.

La sentencia también confirma lo que las organizaciones hemos denunciado durante años: la falta de debida diligencia reforzada y de perspectiva de género en la investigación de la violencia contra las mujeres trans en Honduras. La Corte fue contundente al señalar las graves falencias en la investigación del asesinato de Leonela Zelaya, incluyendo la identificación incorrecta de la víctima, la pérdida del expediente durante 14 años y la omisión de líneas de investigación vinculadas al contexto de violencia contra personas trans.

De manera significativa, la Corte reconoció el profundo sufrimiento causado a Thalía Rodríguez y declaró la violación de sus derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal, como consecuencia de la demora injustificada y de la impunidad persistente en el caso.

La Corte reconoce que estos hechos ocurrieron en un contexto de exclusión, violencia y discriminación atravesado por la identidad de género, el trabajo sexual, la pobreza y el estigma asociado al VIH, que fue tolerado y propiciado por el Estado hondureño, mediante la aprobación y aplicación de normas y prácticas que buscaban excluir a las personas LGBTI del ejercicio de sus derechos fundamentales. En particular, las fuerzas policiales, amparadas en la Ley de Policía y Convivencia Social, criminalizaban determinadas conductas, detenían y ejercían violencia de manera sistemática contra mujeres trans y trabajadoras sexuales.

En este marco, la Corte determinó que las detenciones arbitrarias y la violencia sufridas por Leonela no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un objetivo perseguido por las normas hondureñas, las cuales habilitaban la violencia institucional como forma de castigar a quienes desafiaban las normas de género y de criminalizar la pobreza y el trabajo sexual. Asimismo, estableció que, a la luz de la normativa interamericana, la situación específica de vulnerabilidad de Leonela imponía al Estado un deber reforzado de protección. 

Esta sentencia reafirma que la identidad y la expresión de género están protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la violencia contra mujeres trans constituye una forma de violencia de género que activa las obligaciones de la Convención de Belém do Pará. 

En consecuencia, la Corte Interamericana determinó que el Estado hondureño es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, integridad personal, libertad personal, presunción de inocencia, principio de legalidad, vida privada, libertad de expresión, nombre e igualdad ante la ley, bajo la Convención Americana y de Belém do Pará, en perjuicio de Leonela Zelaya, y por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales y a la protección judicial de Thalía Rodríguez.

“Para las personas LGBTI sobrevivientes de la violencia estructural y sistémica en Honduras, que hemos enfrentado muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, discriminación, prejuicio, estigmatización y violencia, esta sentencia nos impulsa a seguir luchando porque nuestra más importante reparación es la no repetición”, expresó Indyra Mendoza, directora de la Red Lésbica Cattrachas.

En materia de reparaciones, la Corte Interamericana ordenó al Estado hondureño la reapertura de la investigación sobre el asesinato de Leonela, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, así como reformas normativas para evitar detenciones arbitrarias y acciones estructurales para combatir la impunidad en casos de violencia contra personas LGBTI. 

“Esta decisión llega en un momento clave para impulsar la agenda pendiente que tiene el Estado de Honduras para transformar las condiciones de violencia y discriminación estructural que enfrentan las personas por su identidad y expresión de género en el país, y garantizar su derecho a vivir una vida plena y digna” expresó Angelita Baeyens, Vicepresidenta de Incidencia y Litigio del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center. “Pero, además, esta decisión consolida la ruta que deben seguir otros países de la región que enfrentan el mismo contexto de exclusión y violencia por prejuicio”, agregó.

Las organizaciones representantes exhortamos al Estado hondureño a cumplir de manera plena, integral y oportuna con la sentencia, a adoptar las medidas de reparación y de no repetición ordenadas por la Corte  para garantizar que hechos como los sufridos por Leonela Zelaya no se repitan. La memoria de Leonela, la lucha incansable de Thalía y la resistencia de las personas LGBTI merecen verdad, justicia y garantías de no repetición.

Reiteramos nuestro compromiso de acompañar la supervisión del cumplimiento de esta sentencia y de continuar trabajando por una región en la que las personas LGBTI puedan vivir libres de violencia, discriminación e impunidad.