Las Américas, 25 de julio de 2025 — Organizaciones internacionales, en representación de un grupo de organizaciones nacionales venezolanas, nos presentamos a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la agudización de la política de represión y persecución sistemática y sostenida contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. 

Las organizaciones denunciamos una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos. Entre estos mecanismos se incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización.

De acuerdo con la información recopilada, en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras. Estos ataques se recrudecieron tras las elecciones. En 2025 la tendencia se mantuvo: una organización local documentó 236 ataques e incidentes de seguridad contra personas defensoras. Entre los hechos más graves se encuentran las desapariciones forzadas seguidas de detenciones arbitrarias, como ocurrió en el caso  de Eduardo Torres, beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y quien aún se encuentra incomunicado y detenido en El Helicoide. La criminalización también se ha intensificado: fiscales imputan delitos como “terrorismo” o “traición a la patria” sin pruebas, mientras se niega sistemáticamente el acceso a una defensa adecuada y el contacto con familiares. También se han registrado múltiples casos de tortura y condiciones inhumanas de detención. 

Uno de los mecanismos más alarmantes ha sido la anulación arbitraria de pasaportes, sin justificación ni notificación oficial, afectando incluso a familiares de las personas defensoras. Esta medida ha impedido su participación en espacios internacionales, y en algunos casos ha sido la antesala de detenciones o desapariciones. 

Asimismo, denunciamos el uso de leyes restrictivas para cerrar el espacio cívico. La implementación de la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, establece sanciones desproporcionadas, requisitos onerosos e imposibles de cumplir,  a la vez que generado un ambiente de hostilidad y vigilancia contra  organizaciones que defienden derechos humanos. Esta legislación ha llevado a la suspensión de actividades, cierre de organizaciones y ha sido utilizada como instrumento de intimidación. Otras normas como la Ley Contra el Odio, la Ley Simón Bolívar y recientes proyectos de ley contra el fascismo y la cooperación internacional refuerzan este entramado legal de persecución. Por otro lado, es importante resaltar la instrumentalización del sistema bancario a través de la normativa antilavado para exigir información sensible a las ONG y dificultar su funcionamiento financiero. 

El informe de la CIDH  “sobre graves violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”  publicado a inicios de 2025, ha sido una valiosa herramienta ante la crisis que enfrenta la defensa de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, frente a la persistencia de este escenario alarmante, las organizaciones peticionarias solicitamos a la CIDH  fortalecer el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), articulando su labor con las relatorías y otros mecanismos regionales e internacionales; reportar de manera regular la situación venezolana ante los órganos políticos de la OEA; y fortalecer el sistema de medidas cautelares, incluyendo llamados expresos a liberar a personas defensoras detenidas arbitrariamente. 

Venezuela atraviesa una de las crisis más prolongadas y profundas de la región. Sin embargo, las personas defensoras continúan su compromiso con los derechos humanos documentando y acompañando a víctimas y denunciando violaciones. En este contexto, su labor es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas futura. Su protección y acompañamiento requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional. 

Firman:  

• Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR) 
• Amnistía Internacional 
• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 
• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)