El 22 de julio de 2012, Oswaldo José Payá Sardiñas, un reconocido disidente cubano y líder de derechos humanos, falleció tras un choque de auto cerca de Bayamo, Cuba. Harold Cepero, un joven activista que viajaba con él, falleció en el hospital poco después. Ambos eran figuras prominentes del Movimiento Cristiano Liberación, que el Sr. Payá había fundado a finales de los años ochenta para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. En el momento del atentado, iban camino a la ciudad de Santiago para reunirse con otros líderes del movimiento.

Los otros dos ocupantes del coche, Ángel Carromero Barrios de España y Jens Aron Modig de Suecia, sobrevivieron prácticamente sin lesiones. Según el Sr. Carromero, que conducía ese día, vehículos oficiales del Estado les habían estado siguiendo durante horas cuando de repente fueron embestidos por detrás. Las autoridades cubanas le detuvieron, drogaron y amenazaron, en última instancia forzando a Carromero a confirmar la versión oficial de los hechos, según la cual había sido un accidente. Pese a las pruebas de que el choque fue intencionalmente causado por otro vehículo con placas oficiales, el Sr. Carromero fue condenado a cuatro años de prisión después de un juicio sumario.

Dejados sin ninguna posibilidad de recurso legal en Cuba, los familiares del Sr. Payá acudieron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Robert F. Kennedy Human Rights presentó una petición inicial en su favor en 2013. En su escrito entregado a principios de este año, las víctimas y su representantes piden a la Comisión que haga responsable al Estado cubano por la persecución y ejecuciones extrajudiciales de los Sres. Payá y Cepero, así como las fallas en investigar debidamente sus muertes. También alegan que las familias fueron amenazadas, hostigadas, y les fueron negados sus derechos a la justicia y al debido proceso. Finalmente, acusan al Estado de detener arbitrariamente al Sr. Carromero, maltratarlo durante su confinamiento, y someterlo a procesos judiciales que no cumplieron con los estándares internacionales de justicia y debido proceso.

Los familiares de los Sres. Payá y Cepero asistieron a la audiencia, junto con el Sr. Carromero y representantes de RFK Human Rights. La CIDH eschuchó los testimonios de la viuda del Sr. Payá, Ofelia Payá Acevedo, y su hija, Rosa Maria Payá, quienes describieron años de hostigamiento por parte de agentes del estado cubano, ataques previos contra la vida del Sr. Payá, así como los hechos y evidencia disponible sobre el atentado. La audiencia también presentó una oportunidad importante para actualizar a la Comisión sobre la intensificación de la represión de disidentes y personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Apenas el mes pasado, la policía estatal y los agentes de seguridad rodearon las casas de líderes y activistas, que llamaban a la protesta pacífica, en un intento aparente de intimidar a la población y reprimir e intimidar cualquier forma de disenso y crítica pública.

“Este caso ofrece una oportunidad para ilustrar los patrones sistémicos de represión y persecución de la disidencia por parte del Estado de Cuba, y las medidas extremas que el régimen está dispuesto a tomar para estancar el florecimiento de la democracia en el país,” dijo Kerry Kennedy, presidenta de RFK Human Rights. “Es nuestra gran esperanza que la exposición completa de los detalles de este caso después de tantos años motive a la CIDH a actuar y publicar pronto una decisión favorable que responsabilice al Estado de Cuba por los asesinatos de Payá y Cepero.”

Por décadas, el Estado cubano ha restringido severamente los derechos de su pueblo a la libertad de expresión y asociación. Los hechos de este caso reflejan un patrón más amplio de tácticas represivas empleadas contra disidentes políticos y defensores de derechos humanos, que incluyen hostigamiento, agresiones físicas, arrestos y detenciones arbitrarias. Los Sres. Payá y Cepero ya habían sido víctimas de diversas amenazas y ataques mucho antes del choque que acabó con sus vidas. Menos de dos meses antes de la muerte del Sr. Payá, otro vehículo embistió contra el suyo con tanta fuerza que su automóvil se deslizó por la carretera y se volcó.

“Desafiar un sistema totalitario buscando la verdad, la justicia, los cambios donde puedan los cubanos acceder a los derechos, irnos a sinceros cambios democráticos eso cuesta la vida casi siempre en los sistemas totalitarios a la gente, o sino le cuesta un gran sacrificio,” dijo la Sra. Acevedo. “Desde que Oswaldo fundó el movimiento en 1988, fue múltiples veces amenazado de muerte por parte de la seguridad del estado cumpliendo órdenes por supuesto de los Castro.”

El Sr. Payá se negó a aceptar el apoyo financiero de los Estados Unidos, desafiando los intentos del gobierno cubano de pintarlo como un agente extranjero. Su implacable activismo en apoyo de una transición pacífica a la democracia—incluyendo el Proyecto Varela, una campaña de petición que obtuvo más de 25.000 firmas en apoyo de un referéndum para garantizar las libertades cívicas—le valió la aclamación internacional y numerosos premios. Hoy, su legado perdura en el trabajo de su hija, Rosa María, quien es reconocida como una de las principales defensoras de la democracia en el país.

La Comisión Interamericana agradeció a los participantes, y envió un mensaje de solidaridad al pueblo Cubano. “Quienes trabajamos en derechos humanos en la Comisión nos preguntamos a veces, por qué seguir en esto, por qué [las víctimas] siguen viniendo? Y es porque es así la dignidad, y porque la verdad y la justicia se tiene que abrir paso,” afirmó la primera vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla.

RFK Human Rights está honrado de representar a las familias Payá y Cepero en su búsqueda de la verdad y la justicia, que son los fundamentos necesarios para un verdadero futuro democrático para Cuba.