25 de julio de 2024, Washington, DC. Este domingo 28 de julio, Venezuela se enfrenta a un momento decisivo con la realización de elecciones presidenciales que determinarán su futuro político, económico y social. RFK Human Rights se une a las voces de organizaciones locales e internacionales para exigir el respeto a los derechos humanos y la garantía del espacio cívico durante todo el proceso electoral.

Exigimos a todas las autoridades estatales que garanticen un proceso electoral sin obstáculos,  que permita el ejercicio libre del derecho al voto, así como de otros derechos conexos, incluyendo la libertad de expresión, asociación y de protesta pacífica. Además, demandamos la divulgación de los resultados en un plazo razonable y el reconocimiento transparente de la voluntad popular.

Las elecciones del domingo se llevan a cabo en un ambiente restrictivo, caracterizado por la detención arbitraria de activistas políticos y personas defensoras de derechos humanos; la promoción de leyes que buscan criminalizar el trabajo de la sociedad civil, miembros de la oposición política y periodistas; así como por la represión sistemática de los medios independientes, entre otros.

Este ambiente restrictivo va más allá del cierre del espacio cívico, pues se enmarca en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, por las cuales existe una investigación formal abierta por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Esta investigación incluye actos de tortura sistemática en el contexto de detenciones arbitrarias de personas críticas del actual gobierno, con un total de 304 presos políticos registrados en la actualidad.

La libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad democrática, y lo que permite a las y los ciudadanos participar, directa e indirectamente, en los asuntos públicos de su país, incluso a través de asociaciones políticas. La libertad de expresión, junto con el derecho de formar asociaciones y participar en actividades de manera independiente, así como de manifestarse públicamente, sin interferencias indebidas, son parte del entorno que debe garantizar el Estado para que se pueda considerar que las elecciones son libres y justas.

Por esta razón exigimos el respeto al derecho de reunión y a la protesta pacífica, y demandamos que el Estado se abstenga de hacer uso de la fuerza excesiva en cualquier circunstancia. Asimismo, llamamos de manera urgente a la liberación de todas las personas privadas de libertad por razones políticas, incluyendo a Rocío San Miguel y Javier Tarazona.  La voluntad del pueblo venezolano tiene que ser escuchada de manera genuina y pacífica y debe ser plenamente respetada.