Las organizaciones internacionales firmantes condenamos la muerte de Alfredo Javier Díaz Figueroa en custodia del Estado venezolano, ocurrida en El Helicoide bajo control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) el 5 de diciembre de 2025.  

Alfredo Díaz fue gobernador del estado Nueva Esparta y dirigente opositor, miembro del partido político Acción Democrática. El 24 de noviembre de 2024, en el contexto de la represión sostenida que se ha vivido en Venezuela desde las elecciones del 28 de julio de ese año, Alfredo Díaz fue detenido por funcionarios del SEBIN y fue sometido a desaparición forzada por cuatro días. Sin acceso a un abogado de confianza y en el marco de un patrón de violaciones al debido proceso, Díaz fue acusado de “incitación al odio” y “terrorismo”. Díaz permaneció aislado e incomunicado por más de un año, sin atención médica adecuada, sin acceso a visitas. Su padre falleció durante su detención y no se le permitió asistir a su funeral ni recibir visitas familiares. En los días posteriores a su detención, se ejecutaron allanamientos a residencias de familiares.  

El caso de Alfredo Díaz no es aislado. La Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas ha identificado que en Venezuela existe una política para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno y que las conductas de las autoridades son llevadas a cabo con una intención discriminatoria. Según datos de la organización Foro Penal, desde 2014 han fallecido 17 presos políticos bajo la custodia del Estado. Por su parte, las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón y el Observatorio Venezolano de Prisiones contabilizan 25 personas fallecidas en el mismo periodo, incluyendo centros de detención, hospitales y arrestos domiciliarios, además de 5 personas que han fallecido tras complicaciones graves de salud luego de su excarcelación.  

Adicionalmente, las organizaciones de sociedad civil han documentado al menos 92 personas detenidas por motivos políticos, que presentan graves situaciones de salud que requieren atención médica urgente. En este grupo figuran personas con cáncer, Alzheimer, diabetes, hipertensión, entre otras. Lo anterior denota las graves condiciones de detención, que cruzan el umbral de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y tortura. Todo ello en contravención a estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 

En Venezuela hay al menos 1.082 casos documentados de personas que permanecen privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos, de las cuales 900 son hombres y 182 son mujeres, y 858 son personas que se mantienen privadas de libertad sin que se haya establecido su responsabilidad penal. Este sufrimiento alcanza también a familiares y seres queridos, que son sometidos asimismo a actos intimidatorios, persecución y elevadas cargas económicas para poder soportar las necesidades de sus familiares privados de libertad.  

El Estado venezolano no sólo debe cesar su práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, sino que además tenía una obligación de prevenir la muerte de Alfredo Díaz y, asimismo, tiene la obligación de prevenir nuevas muertes en custodia. Las acciones del Estado, enmarcadas bajo una política de persecución y   graves violaciones a los derechos humanos, cometidas de manera sistemática y generalizada, deben ser debidamente investigadas. 

• Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 
• Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)  
• Robert F. Kennedy Human Rights  
• CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana 
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 
• Freedom House