[Tegucigalpa / Washington DC., 2 de agosto de 2024]  

El pasado 26 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso de Leonela Zelaya contra Honduras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Este caso se refiere al transfemicidio de Leonela en Honduras y está siendo representado por la Red Lésbica Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights. Recientemente, las representantes presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas ante la Corte IDH. 

Leonela era una mujer trans, trabajadora sexual, portadora de VIH, que vivía en situación de pobreza. Como muchas otras mujeres en situaciones similares en dicho país, desde muy pequeña y hasta su asesinato fue víctima de numerosos actos de violencia y discriminación. 

Meses antes de su muerte en el año 2004, Leonela había sido detenida de manera arbitraria e incluso torturada por parte de agentes estatales. La investigación fue no solo deficiente sino indicativa de que la impunidad en Honduras es deliberada, por ejemplo, no hubo un levantamiento de la escena del crimen, no hubo autopsia, no se entrevistaron testigos y su expediente fue extraviado por casi 14 años.

El transfemicidio de Leonela ocurrió en un contexto de discriminación estructural influenciado por la presión de grupos fundamentalistas religiosos y tolerado por las autoridades estatales. Las representantes pretenden demostrar como estos grupos incidieron para que se aprobaran normas discriminatorias y restrictivas de los derechos de las personas LGBTTI, lo que a su vez, ha sido determinante para la violencia que sufren hasta el día de hoy. 

Esta es una oportunidad histórica para que la Corte IDH profundice sus estándares en relación con la debida diligencia reforzada que debe cumplirse para este tipo de crímenes por prejuicio, no solo en lo relacionado con la investigación sino también en cuanto a su prevención. 

Asimismo, este órgano internacional podrá hacer un análisis interseccional respecto de la experiencia vivida por Leonela a partir de su identidad de género y otros factores de discriminación. Confiamos en que el Alto Tribunal dictará medidas de reparación que contribuyan a erradicar estas formas de violencia. 

Hacemos un llamado al Estado de Honduras para que acepte su responsabilidad respecto de los hechos y muestre su voluntad real de construir un país más incluyente y respetuoso de los derechos humanos sin discriminación alguna.