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Cuatro organizaciones líderes en materia de derechos humanos —la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston, el Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS), el Consejo de Litigios Estratégicos Globales (GSLC) y Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)—han presentado una demanda solicitando una resolución de emergencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión) contra El Salvador por la detención ilegal de cientos de personas trasladadas de forma forzosa e ilegal desde Estados Unidos en los últimos meses.

 Sin ningún tipo de proceso legal, estas personas, entre las que se encuentran muchas con solicitudes de asilo pendientes, están recluidas en régimen de incomunicación en el infame Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una megaprisión ampliamente condenada por sus condiciones inhumanas.

La acción, presentada en nombre de más de una docena de familias, se centra en cientos de personas sometidas a desapariciones forzadas a partir del 15 de marzo y trasladadas desde Estados Unidos en virtud de un acuerdo secreto con el Gobierno de Bukele. Las personas fueron seleccionadas sobre la base de acusaciones sin pruebas de actividades delictivas, algunas de ellas basadas en «pruebas» tan endebles como tatuajes genéricos. A ninguna de ellas se le concedió una oportunidad significativa de impugnar su traslado, ni se les ha garantizado desde entonces el debido proceso.

«Se trata de un fracaso moral y jurídico de dos gobiernos, y de una emergencia de derechos humanos que exige la atención mundial», afirmó Bella Mosselmans, directora del GSLC. «Estados Unidos y El Salvador han conspirado para despojar de sus derechos y libertades a cientos de personas, entre ellas muchas con solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos. Estas personas han sido arrancadas de sus familias, han desaparecido sin dejar rastro y han sido abandonadas en una prisión ampliamente condenada por la comunidad internacional. Se trata de una desaparición forzada sancionada por el Estado y debe terminar yа».

Esta acción legal se produce en medio del estado de emergencia en El Salvador, que ya entra en su tercer año, bajo el cual se han suspendido indefinidamente los derechos constitucionales y las garantías procesales. 

Durante casi dos meses, los detenidos han languidecido en el CECOT, una prisión ampliamente criticada por el trato cruel, inhumano y degradante que inflige a los reclusos, incluso por parte de la Comisión. Sin ningún medio para comunicarse con las personas que se encuentran dentro de la prisión, la demanda suscita preocupación por lo que está ocurriendo a puerta cerrada, en una prisión en la que se denuncian habitualmente casos de hacinamiento, muertes bajo custodia y trabajos forzados.

«Las condiciones en el CECOT y otros centros de detención de El Salvador son más que espantosas», afirmó Isabel Carlota Roby, abogada principal de RFKHR, que recientemente intentó acceder a la prisión en persona. «Los detenidos se encuentran recluidos en condiciones inhumanas, sin cargos, sin representación y sin esperanza. Se trata de una detención arbitraria a gran escala».

La identidad de los detenidos en el CECOT nunca se ha revelado públicamente, lo que deja a muchos familiares en la angustia y la incertidumbre, y viola las normas jurídicas internacionales sobre desaparición forzada y detención.

«Es un shock profundo para los seres queridos de personas que huían de la persecución en su país y ahora se encuentran sufriendo los mismos daños que temían, como la detención arbitraria y la desaparición forzada. El giro inesperado es que el daño está siendo causado por el Gobierno del país en el que solicitaron protección internacional, en coordinación con las autoridades de un tercer país con el que estos refugiados no tenían ninguna conexión», afirmó Julio Henríquez, profesor de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.

El impacto psicológico y emocional en las familias de los desaparecidos es grave: ninguna ha recibido confirmación del paradero o el estado de sus seres queridos.

«Sabía que este tipo de cosas estaban pasando en Venezuela, que enviaban a personas inocentes a un centro de detención sin juicio», dijo DCNP, pareja de uno de los desaparecidos y refugiado venezolano, identificado por sus iniciales. «Me parece casi increíble que esto esté pasando en Estados Unidos y en El Salvador con [mi pareja]».

La acción se produce en un contexto en el que se han presentado ante los tribunales estadounidenses numerosos casos que impugnan las expulsiones al CECOT en virtud de una ley bélica centenaria, así como otras leyes, y sin un proceso adecuado. Hasta ahora, la administración Trump ha obstaculizado los esfuerzos de los tribunales nacionales para controlar estas acciones.

Esta solicitud es también la última de una serie de acciones legales que impugnan los traslados ilegales que el Gobierno de Estados Unidos sigue llevando a cabo de cientos de personas a centros de detención en países de América Central, entre ellos Panamá y Costa Rica. En virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por El Salvador en 1978, los países de la región han otorgado a la Comisión la facultad de ordenar a un Estado que adopte medidas cautelares en situaciones urgentes para evitar daños irreparables.

La demanda exige la liberación inmediata de las 288 personas que se estima que están detenidas ilegalmente en el CECOT y que El Salvador cumpla con sus obligaciones legales internacionales. Esto incluye garantizar el acceso a representación legal, confirmar la identidad y el paradero de todos los detenidos y permitir el contacto con sus familias, así como restablecer plenamente el derecho a un proceso justo. La solicitud también pide que se ordene a El Salvador cooperar con el gobierno de Estados Unidos en la repatriación de los migrantes retenidos en el CECOT.

«Las personas desaparecidas en el CECOT han sido arrancadas de sus hogares y familias, encarceladas en condiciones deplorables, sin el debido proceso y sin recurso alguno», dijo Julie Bourdoiseau, abogada de CGRS. «Entre ellas hay personas que llegaron a Estados Unidos buscando refugio de la persecución y la represión estatal, solo para sufrir más abusos a manos de las administraciones Trump y Bukele. No se debe permitir que nuestros gobiernos actúen por encima de la ley. Este plan ilegal debe terminar».

Consultas de prensa

• Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston – Julio Henríquez, julioch@bu.edu
• CGRS – Brianna Krong, krongbrianna@uclawsf.edu, +1-415-581-8835
• GSLC – Bella Mosselmans, bella.mosselmans@newschool.edu, +1-929-823-6381
• RFK – Isabel Carlota Roby, Roby@rfkhumanrights.org , +1-786-568-0146

Acerca de la coalición:

La Clínica de Derechos Humanos Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston involucra a estudiantes de derecho en la práctica del derecho internacional de los derechos humanos a través de la representación directa, la investigación y la defensa. La Clínica colabora con ONG y comunidades de todo el mundo para promover los derechos humanos a nivel mundial y regional, incluso a través de litigios internacionales. 

El Consejo de Litigios Estratégicos Globales es una red mundial de más de 550 ONG, líderes de refugiados, abogados, defensores y académicos que trabajan para promover los derechos de las personas desplazadas a través de litigios estratégicos y la defensa juridica coordinada.

El Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS) defiende los derechos humanos de los valientes refugiados que buscan asilo en los Estados Unidos. Con un enfoque estratégico y una experiencia jurídica sin igual, el CGRS defiende los casos más difíciles, lucha por el debido proceso y promueve políticas que garantizan la seguridad y la justicia para los refugiados.

Robert F. Kennedy Human Rights defiende los derechos humanos y lleva a cabo litigios estratégicos para exigir responsabilidades a los gobiernos nacionales y de todo el mundo.