El 17 de noviembre de 2025, Robert F. Kennedy Human Rights presentó un escrito en calidad de amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la solicitud de Opinión Consultiva presentada por Guatemala en materia de democracia y derechos humanos.

El 6 de diciembre de 2024, Guatemala pidió a la Corte que determinara si “los Estados están obligados a garantizar y promover la democracia como un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como un medio para el desarrollo social, político y económico y el ejercicio efectivo de otros derechos humanos”.

Además, Guatemala solicitó aclaraciones sobre varios aspectos, entre ellos: el alcance de la protección del derecho humano a la democracia bajo la Convención Americana, si la violación de este derecho tendría repercusiones sobre otros derechos convencionales, cuáles son los estándares que los Estados deben cumplir para garantizar y promover la democracia y si la democracia se protege como un derecho individual, colectivo o ambos.

Nuestro escrito de amicus curiae ofrece a la Corte estándares regionales e internacionales de derechos humanos para contribuir al desarrollo de la jurisprudencia interamericana sobre las obligaciones estatales en materia de democracia. Sostenemos que un espacio cívico habilitante, con pleno respeto a los derechos que lo integran (libertad de expresión, asociación y reunión pacífica), es una condición necesaria para la democracia, pues estos derechos generan el entorno indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos políticos.

Por ello, solicitamos a la Corte que reconozca el espacio cívico habilitante como precondición para la existencia de una democracia representativa genuina en el marco de la Convención Americana. También subrayamos cómo las restricciones al espacio cívico en las Américas, como la criminalización de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos, las limitaciones a la protesta pacífica y los ataques contra la sociedad civil independiente, erosionan las garantías democráticas y debilitan el Estado de derecho.

Esta Opinión Consultiva representa una oportunidad clave para que la Corte reafirme la interdependencia entre los derechos humanos y la democracia, fortalezca la protección del espacio cívico y brinde orientación a los Estados para garantizar la participación libre, el debate público, la rendición de cuentas y el pleno ejercicio de los derechos políticos.

Lee el escrito de amicus curiae aquí.