El Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala a la Opinión Pública hace saber: 

Después de más de quince años de resistencia pacífica, para defender nuestros derechos y de tener como respuesta del Estado la criminalización, estigmatización, invisibilización, encarcelamiento, secuestro, ataques y asesinatos de nuestras autoridades y líderes por la defensa de nuestros derechos, el Pueblo Xinka hoy levantamos la voz para ejercer nuestro  derecho a libre determinación, confiados en la disposición del Gobierno del Dr. Bernardo Arévalo, de escuchar pero sobre todo de respetar las decisiones de los pueblos indígenas, para que tal como lo mandatan los principios de su Política General de Gobierno 2024- 2028, se restauren derechos de poblaciones históricamente vulneradas. 

El Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas, sin agotar todos los procesos administrativos pertinentes y sin efectuar la consulta libre, previa e informada al Pueblo Xinka, es decir de forma ilegal, otorgó la licencia minera “El Escobal” ahora propiedad de Pan American Silver, dentro de nuestro territorio, específicamente en el lugar que actualmente el Estado denomina municipio de San Rafael las Flores, del departamento de Santa Rosa. 

Durante varios años tanto el MEM, como la compañía minera negaron nuestra existencia para justificar la falta de consulta, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, en sentencia de fecha tres de septiembre de 2018, dictada dentro del expediente 4785-2017, confirmó la suspensión de operaciones del proyecto minero y ordenó al estado consultarnos. Durante el 2019, el MEM, en confabulación con la compañía minera trató infructuosamente de burlar la sentencia excluyéndonos del proceso de consulta, por lo que no pudimos iniciar con su ejecución, sino hasta en el 2020. 

Durante los últimos cuatro años, hemos participado en el proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad y si bien hemos avanzado con el proceso de consulta, también ha quedado evidenciada la incapacidad del Estado de cumplir con lo ordenado por la referida Corte, para la protección de nuestros derechos, debido a que tenemos una institucionalidad muy débil, sin el presupuesto y sin personal técnico y profesional necesario para hacerlo. 

Con la información analizada en el proceso de consulta, las comunidades que nos consideramos o que estamos afectadas por el proyecto minero “el Escobal” confirmamos lo que hemos denunciado desde el 2011, en cuanto a que los estudios de impacto ambiental contienen inconsistencias, contradicciones y debilidades que nos ponen en riesgo. 

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ni siquiera entiende de las unidades mínimas de análisis como cuencas hidrográficas, para la delimitación de las áreas de influencia. Su debilidad institucional le limita advertir o accionar ante la alteración de los niveles de arsénico y otros metales pesados en cuerpos de agua que ya están impactando en animales y plantas, y en consecuencia al ser humano. Lo que implicaría que podríamos estar consumiendo alimentos con metales pesados.

Lo anterior es alarmante, ya que la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados con este metal pesado puede causar cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes en los seres humanos. 

Los hallazgos del Ministerio de Salud, en la línea de base que le ordenó realizar la Corte de Constitucionalidad, sobre enfermedades que podría estar ligadas a la minería, son concordante con los hallazgos que hicimos sobre metales pesados en cuerpos de agua como quebradas o ríos, ya que determinó que en el territorio xinka estamos consumiendo agua con arsénico por arriba de los límites permisibles y que las muertes por cáncer han aumentado considerablemente en la región. 

Además, se determinó que las tres enfermedades que han prevalecido a partir del 2015, en la región, son distintos tipos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, sin que dicho ministerio tenga la capacidad de atender dicha situación, ya que ni siquiera cuenta con las pruebas suficientes para monitorear el agua que estamos consumiendo. 

Asimismo, se está impactando considerablemente en la disponibilidad de agua para las comunidades, ya que en el periodo comprendido entre el 2013 y 2023, el manto freático se profundizó al menos 100 metros, ocasionando que se secaran alrededor de unos 50 manantiales. Por otro lado, varios pozos se verán impactados en el mediano y largo plazo quedándose sin agua. Por eso las fuentes de agua que son utilizadas por las comunidades se escondieron en el estudio de impacto ambiental. 

Este proyecto minero también ocasionó una crisis humanitaria sin precedentes, ocasionó el desplazamiento forzado de decenas de familias cuyas viviendas fueron dañadas por los sismos producto de las vibraciones y detonaciones que realiza. 

Desde el punto de vista cultural y espiritual, este proyecto destruyó lugares sagrados y arqueológicos que nos imposibilitan la reconstrucción de nuestra historia y pone en riesgo nuestra pervivencia como pueblo, ya que ha impactado directamente en la transmisión de conocimiento a nuestras futuras generaciones y tuvimos que dejar de trabajar en la revitalización de nuestro idioma, para defender nuestro territorio, ocasionando que casi se pierda por completo. 

Con base en lo anterior, ha quedado establecido que el Estado no ha sido ni es capaz de garantizar nuestros derechos a la salud, a la vida, a un ambiente sano, al agua, a la vivienda, a la libertad de expresión, a la identidad, a nuestro idioma propio, a nuestra cultura y nuestro territorio, por lo que el pueblo xinka negamos nuestro consentimiento al proyecto minero “el Escobal”. Decisión que debe ser respetada por el Estado y por Pan American Silver, ya que esta última también incurrió en responsabilidad al comprar el proyecto a sabiendas que su anterior dueña no respetó los Principios Rectores de empresas y derechos humanos adoptados por el Consejo de Derechos Humanos, al negar nuestra existencia para justificar la violación a nuestros derechos específicos de pueblos indígenas.