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Argentina: Procesar Graves Crímenes Contra los Rohingyas en Myanmar

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BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2021—Una corte en Argentina que está considerando un caso penal contra autoridades de Myanmar por los graves crímenes cometidos contra los Rohingyas en Myanmar debería proceder, afirmaron Robert F. Kennedy Human Rights y Fortify Rights en un amicus curiae presentado a una Corte argentina el día de hoy. De ser aceptado por la Corte Federal en Argentina, este sería el primer caso de jurisdicción universal relacionado con la situación de los Rohingya a nivel mundial.

“La Corte debe ejercer su autoridad bajo la jurisdicción universal para garantizar justicia por los crímenes cometidos contra los Rohingyas”, expresó Angelita Baeyens, vicepresidenta de incidencia y litigio internacional de RFK Human Rights. “El establecimiento de responsabilidad penal a través de la jurisdicción universal complementará y se sumará a los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad de los graves crímenes en Myanmar”.

En el amicus curiae presentado hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Correccional Federal de Buenos Aires, RFK Human Rights y Fortify Rights brindaron un análisis experto al tribunal en apoyo de una querella presentada en la Corte Federal de Argentina el 13 de noviembre de 2019 por el activista Rohingya Maung Tun Khin de la Organización Burmese Rohingya Organization U.K. (BROUK), seis mujeres sobrevivientes Rohingyas y dos organizaciones de derechos humanos latinoamericanas. La querella original insta a la Corte a investigar, bajo la “jurisdicción universal”, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, inckuyendo violencia sexual, cometidos con total impunidad contra los Rohingyas en Myanmar.

La jurisdicción universal permite a los Estados investigar y enjuiciar graves crímenes bajo el derecho internacional, tales como crímenes de lesa humanidad o genocidio, sin perjuicio del lugar donde dichos crímenes hayan ocurrido. El principio de jurisdicción universal está consagrado en el marco jurídico nacional argentino, incluido el artículo 118 de la Constitución.

Maung Tun Khin y BROUK están representados por el abogado argentino Tomás Ojea Quintana, ex relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar de 2008 a 2014 y miembro fundador de la Junta Asesora Internacional de Fortify Rights.

El 12 de julio de 2021, una Corte de Argentina decidió en primera instancia no investigar los crímenes cometidos contra los Rohingyas en Myanmar. La Corte dictaminó que los tribunales argentinos no eran el foro adecuado para juzgar los crímenes cometidos contra los Rohingyas porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ya está investigando dichos crímenes.

Maung Tun Khin apeló la decisión; la primera audiencia de apelación se llevó a cabo el 17 de agosto.

En el amicus curiae de 21 páginas, RFK Human Rights y Fortify Rights argumentan que la corte de primera instancia de Argentina se basó en una interpretación incorrecta del principio de complementariedad de la CPI. El principio de complementariedad sostiene que la CPI es un “tribunal de última instancia” y solo puede ejercer jurisdicción cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo; sin embargo, la regla tal como se define en el Estatuto de Roma de la CPI es que la CPI se abstendría de investigar si otro Estado ya está investigando, y no al revés. No existe una norma internacional consuetudinaria que respalde la interpretación de complementariedad de la Corte de primera instancia.

El amicus curiae también explica que si la Corte aceptara el argumento del tribunal de primera instancia, todavía habría una variedad de crímenes internacionales contra los Rohingyas en Myanmar que la CPI no está investigando actualmente, ya que está investigando solo el crimen de deportación forzada.

Myanmar no es un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI. La investigación de la CPI sobre los crímenes contra los Rohingyas se limita a su deportación forzada a Bangladesh y otros crímenes relacionados cometidos parcialmente en Bangladesh, que es un Estado parte del Estatuto de Roma.

La pquerella original presentada por BROUK y otros en Argentina cubre una variedad de crímenes cometidos en Myanmar contra los Rohingyas desde 2012, incluidos asesinato, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y encarcelamiento.

El 17 de agosto de 2021, como parte del proceso en Argentina, cinco sobrevivientes Rohingyas de violencia sexual testificaron a distancia ante la Corte Federal de Apelaciones en lo Penal de Buenos Aires desde campamentos de refugiados en Bangladesh.

El 23 de agosto de 2021, seis organizaciones de la sociedad civil Rohingya en el distrito de Cox’s Bazar, Bangladesh, también presentaron un amicus curiae al Tribunal Federal de Apelaciones en lo Penal. Los grupos liderados por los Rohingyas incluyen la Arakan Rohingya Society for Peace and Human Rights, Rohingya Youth for Legal Action, Rohingya Women Development Forum, Rohingya Women’s Empowerment and Advocacy Network, Rohingya Student Unity and Rights, y Rohingya Peace Innovation Unity.

Hay más de un millón de refugiados Rohingya en Bangladesh y la junta militar de Myanmar continúa confinando a más de 120.000 personas, en su mayoría Rohingyas, en más de 20 campos de internamiento en cinco municipios del estado de Rakhine en Myanmar. Al igual que el gobierno anterior al golpe, la junta militar confina ahora a unos 500.000 Rohingyas más en Myanmar en sus aldeas, negándoles la ciudadanía, la libertad de movimiento y otros derechos humanos fundamentales.

Desde que tomó el poder en febrero, la junta militar de Myanmar ha asesinado a más de 1.100 mujeres, hombres y niños y ha arrestado, detenido y acusado arbitrariamente a más de 6.800 personas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (Assistance Association for Political Prisoners).

En 2018, Fortify Rights publicó un informe de 160 páginas que detalla el genocidio y los crímenes de lesa humanidad contra los Rohingyas durante las “operaciones de limpieza” dirigidas por el ejército de Myanmar de 2016 y 2017.

“Al buscar justicia en todos los lugares disponibles, los sobrevivientes Rohingyas pueden crear una constelación de responsabilidad”, afirmó Matthew Smith, Director Ejecutivo de Fortify Rights. “La jurisdicción universal para enjuiciar atrocidades masivas es inherentemente importante, pero también puede tener un efecto preventivo para ayudar a detener la violencia actualmente en curso”.

Para obtener más información, por favor contactar a

Para Robert F. Kennedy Human Rights
Minhee Cho (Inglés): [email protected]
Angelita Baeyens (Español): [email protected]

Para Fortify Rights
Matthew Smith, Director Ejecutivo (inglés): [email protected]
+66 85 028 0044 (Tailandia; WhatsApp)
+1 202 503 8032 (Estados Unidos)
Gorjeo: @MatthewFSmith, @FortifyRights