En el año 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la Sentencia 168-13, que eliminó de manera retroactiva el derecho a la nacionalidad a personas dominicanas de ascendencia haitiana.

En los nueve años transcurridos desde esta decisión, el problema de la apatridia se ha vuelto más complejo, dejando a innumerables dominicanos de ascendencia haitiana sin acceso a sus documentos de nacionalidad. Lejos de ser solo un problema simbólico, la negación del derecho a la nacionalidad ha afectado todos los aspectos de las vidas de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, desde el acceso a la atención médica y la educación, hasta la capacidad de buscar justicia y empleo formal.

RFK Human Rights se suma al siguiente comunicado en apoyo a las víctimas de esta sentencia discriminatoria y las políticas que de ella se derivan. Exigimos a la República Dominicana que cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice el derecho a la nacionalidad sin discriminación.

Las organizaciones firmantes, recordamos el noveno aniversario de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Hacemos un llamado a República Dominicana a garantizar plenamente los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluido su derecho a la nacionalidad y no discriminación.

Hace nueve años el Estado desnacionalizó masivamente miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana a partir de la emisión de la Sentencia 168-13, con la que estableció que las personas nacidas en República Dominicana de padres extranjeros sin un “estatus migratorio regular” nunca tuvieron derecho a la nacionalidad dominicana, por lo que ordenó a la Junta Central Electoral a revisar el registro civil y eliminar el registro de todas las personas nacidas en situación irregular, desnacionalizando retroactivamente a las personas dominicanas de ascendencia haitiana nacidas entre 1929 y 2007.

En respuesta a ello, el Estado emitió la ley 169 en 2014 en la que, si bien intentó proveer algún tipo de documento de identidad a las personas desnacionalizadas, no ha sido efectiva. Esta ley generó, por un lado, ciudadanos de segunda categoría al exigir a las personas que alguna vez tuvieron partida de nacimiento dominicana, nuevas actas de nacimiento cuya validez podría verse afectada si esta ley deja de existir. Por otro lado, a quienes se les privó de la nacionalidad pero que no contaban con una partida, les exigió pasar por un proceso para declararse extranjeros y luego nacionalizarse. Al día de hoy, ninguna de las personas de este segundo grupo ha obtenido su nacionalidad dominicana.

La gravedad de lo ocurrido ha merecido reiteradas condenas internacionales al Estado dominicano y un llamado continuo a buscar una solución. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación por la situación de las personas afectadas por la sentencia TC/0168/13 y la ley 169. En el mismo sentido se han pronunciado el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CARICOM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en dos oportunidades a República Dominicana por la denegación del derecho a la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

A pesar de ello, con el pasar de los años, la situación está lejos de mejorar y cientos de personas permanecen en la apatridia. En 2022, Estados Unidos, por medio de su Departamento de Estado, consideró a República Dominicana el país, de la región americana, con el mayor número de personas apátridas y reconoció que al menos 135.000 personas dominicanas de ascendencia haitiana permanecen en esta condición.

A nueve años de la sentencia 168-13, llamamos nuevamente al Estado dominicano a cumplir sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a la nacionalidad de todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana sin discriminación. Llamamos también al Estado a garantizar el pleno acceso a derechos a esta población, asegurando su acceso a la salud, educación, documentación y participación plena en la sociedad dominicana, sin discriminación alguna.

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Clínica de Derechos Humanos, Universidad Interamericana de Puerto Rico

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Robert F. Kennedy Human Rights

Women’s Link Worldwide