El 20 de abril de 2023, Robert F. Kennedy Human Rights, junto con Free Press Unlimited, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD), Kazakhstan International Bureau for Human Rights and Rule of Law (KIBHR) y Odhikar, presentaron un amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia. El escrito argumenta que, teniendo en cuenta los estándares internacionales e interamericanos sobre derechos humanos, las sanciones penales – en particular la prisión – son un castigo desproporcionado en casos de difamación. Este amicus fue presentado en el contexto de una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional por la organización El Veinte. La demanda argumentaba que los artículos 220 (injuria) y 221 (calumnia) del Código Penal (Ley nº 599/2000) violaban el preámbulo y los artículos 20 (libertad de expresión), 73 (libertad e independencia de prensa) y 93 (sobre los tratados y pactos de derechos humanos ratificados por el Congreso) de la Constitución colombiana.

El amicus presentado por RFK Human Rights y organizaciones asociadas resalta el marco jurídico internacional de derechos humanos sobre libertad de expresión, centrándose especialmente en su papel en el Estado de derecho. El argumento clave se basa en la tendencia actual de los tribunales internacionales en despenalizar la difamación, observando cómo el encarcelamiento es un castigo desproporcionado en dichos casos. Si un Código Penal permite esta sanción, posibilita la censura y persecución de periodistas, opositores y críticos en general, provocando un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, el acceso a la información, la libertad de prensa, entre otros derechos. También ofrece una vía para que figuras públicas se apropien del sistema judicial demandando a sus críticos y victimizando cualquier tipo de oposición, además de dar espacio a amenazas, ataques o campañas de desprestigio.

RFK Human Rights y las organizaciones asociadas pidieron a la Corte Constitucional Colombiana que al tomar su decisión en el caso cumpla plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos que protegen la libertad de expresión. En este sentido, pidieron que siga la tendencia actual de despenalizar la difamación declarando que las sanciones penales, especialmente el encarcelamiento, son una forma desproporcionada de castigo en casos de difamación. No hacerlo supondría un retroceso perjudicial para los derechos humanos en el país y en la región, al comprometer derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de prensa, afectando el Estado de derecho.

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