A 2 años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara la Medida Cautelar No. 137-23 a favor de integrantes del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y el Bufete Justicia para los Pueblos en Honduras, el Estado de Honduras no ha cumplido con la implementación efectiva, integral y colectiva de las medidas. A pesar del reconocimiento internacional de la gravedad y urgencia de la situación, el Estado mantiene a las personas beneficiarias en un contexto de riesgo permanente.

Durante estos dos años, las agresiones, amenazas y campañas de difamación contra las personas defensoras se han mantenido y empeorado, alimentando un clima de hostigamiento e inseguridad. La ausencia de investigaciones efectivas y sanciones a los responsables refuerza la impunidad y contribuye a la continuidad de la violencia en la región.

El asesinato de Juan López, reconocido defensor de derechos humanos y del ambiente y beneficiario de esta medida al momento de su muerte, en septiembre de 2024, evidencia las consecuencias trágicas de la falta de una respuesta estatal integral. A más de un año de los hechos, no se registran avances sustantivos en la investigación ni sanciones de los autores intelectuales, manteniendo la impunidad del crimen, reflejando la debilidad estructural del sistema de justicia y la ausencia de políticas efectivas de protección a las personas defensoras.

Consternadas por el incumplimiento estatal de los compromisos asumidos ante la CIDH, las organizaciones firmantes exigimos al Estado adoptar medidas colectivas y coordinadas con las comunidades beneficiarias, y a abordar las causas estructurales de la violencia que afecta a las personas beneficiarias. El enfoque fragmentado y reactivo de las instituciones estatales ha impedido una solución duradera que garantice la seguridad y la dignidad de quienes defienden los bienes comunes en Tocoa y sus representantes legales.

Si bien la reciente decisión del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) de no renovar la licencia minera de la planta de peletización de Ecotek representa un paso hacia la recuperación de la legalidad ambiental, este avance se ve amenazado por las discusiones en el Congreso Nacional para aprobar un procedimiento “exprés” de otorgamiento de licencias ambientales. Este proyecto amenaza con debilitar los controles existentes y poner en riesgo los ecosistemas protegidos, incluyendo el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras.

En el actual contexto preelectoral, las organizaciones representantes de las personas beneficiarias reiteran su llamado al Estado hondureño para que cumpla de manera urgente y efectiva con las medidas cautelares de la CIDH, garantizando la protección integral y colectiva de las comunidades, la investigación y sanción de los responsables de las agresiones, y la adopción de políticas que aseguren un entorno seguro para la defensa de los bienes comunes.

Firman:

• Bufete Justicia para los Pueblos
• Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Virginia
• Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa
• Comité Internacional del National Lawyers Guild
• Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC)
• Robert F. Kennedy Human Rights