Washington, DC. 18 de mayo de 2020

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y Robert F. Kennedy Human Rights nos unimos a la sociedad civil dominicana para expresar nuestra preocupación por los desafíos que representa el COVID-19 para la población en la República Dominicana y en particular, para aquellas personas cuya situación de vulnerabilidad preexistente se ve agravada en este contexto.

Esta población en situación de mayor vulnerabilidad ante el COVID-19 incluye las miles de personas dominicanas que han sido desnacionalizadas; las personas apátridas o en riesgo de apatridia; y los migrantes y refugiados, entre ellos cientos de personas venezolanas que han tenido que huir de su país. Muchos migrantes haitianos, así como dominicanos desnacionalizados viven en bateyes, y otras comunidades pobres e informales que carecen de muchos de los servicios básicos que existen en otras áreas, tales como agua corriente, electricidad y servicios sanitarios y de salud adecuados.

En este momento, el acceso a los servicios estatales esenciales es fundamental. Aunque han pasado casi seis años desde la aprobación de la Ley 169-14, muchas personas dominicanas desnacionalizadas aún no tienen acceso a sus documentos de identidad dominicanos. La carencia de estos documentos restringe su acceso a la salud, al seguro social, y otros servicios de protección social del Estado que hoy más que nunca son esenciales. Esto también aplica de manera más amplia a personas migrantes que no tienen ni permisos de residencia ni un estatus regular en el país.

Frente a esta pandemia, y reconociendo que es un enorme desafío para la República Dominicana, es importante que todas las personas tengan acceso a los mismos estándares y protecciones a su salud. Por ello nos unimos al llamado de las organizaciones dominicanas al Estado a “tomar medidas para garantizar a todxs en la República Dominicana, sin discriminar, condiciones mínimas y dignas de subsistencia y unirnos en la tarea de combatir la propagación del coronavirus” y en reconocer al Estado dominicano por suspender las detenciones con fines de deportación como parte de las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y reducir el impacto negativo en la población migrante.

Una de las mejores maneras de garantizar una respuesta efectiva es involucrar a las personas y comunidades afectadas directamente. Coincidiendo con los métodos basados en pruebas y colaboración con la sociedad civil sugeridos por los actores mundiales en la esfera de la salud y organizaciones que trabajan con estas poblaciones en mayor riesgo, animamos al Estado dominicano a que continúe involucrando a las organizaciones dominicanas que acompañan a estas comunidades para tener una visión integral del impacto del COVID-19.

Tal como lo han señalado diversas agencias de las Naciones Unidas, así como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es de vital importancia que todas las personas apátridas, migrantes y refugiadas puedan tener el mismo acceso que el resto de la población a servicios de salud, no solo por tratarse de un derecho del que son titulares sino además, “servirá para proteger la salud pública y frenar la propagación mundial del COVID-19”.

En este momento crítico, expresamos nuestra solidaridad con todas las personas ya afectadas por el COVID-19 en el territorio dominicano y animamos al gobierno de la República Dominicana a que garantice el acceso a pruebas y tratamientos para todas en el país y extienda las medidas económicas a los grupos vulnerables y las comunidades que están en mayor riesgo.