El 27 de junio, después de una solicitud de suspensión presentada por el gobierno de Venezuela en virtud del artículo 18(2) del Estatuto de Roma que resultó en un aplazamiento de más de un año, la Sala de Cuestiones Preliminares I (“La Sala”) de la Corte Penal Internacional (“CPI”) autorizó a la Fiscalía a reanudar su investigación sobre la Situación en Venezuela.

Esta decisión se tomó considerando las conclusiones de la Fiscalía, que indicaron una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, varias partes, incluidas autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas alineadas con el gobierno, han estado involucradas en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Estos incluyen actos como el encarcelamiento o privación grave de la libertad física, la tortura, la violación y/u otras formas de violencia sexual, así como la persecución por motivos políticos.

La decisión del 27 de junio responde también a una moción presentada por el fiscal Khan donde se afirmaba que los procedimientos internos que estaba llevando a cabo el régimen de Maduro no cumplían con los criterios de autenticidad y en gran medida no reflejaban la gravedad de las conductas en cuestión. Asimismo, el Fiscal argumentó que las autoridades internas no han buscado determinar la posible ocurrencia sistemática de crímenes de lesa humanidad ni la existencia de patrones y políticas que vinculen los hechos delictivos, sino que el Gobierno de Venezuela ha rechazado expresamente la existencia de tales hechos y de un ataque sistemático contra cualquier población civil, adicionalmente caracterizando los casos de criminalidad investigados como hechos aislados constitutivos de delitos comunes.

De esta forma, la Fiscalía determinó que las conclusiones a este respecto no parecían haber resultado de investigaciones reales que llevaron a las autoridades judiciales venezolanas a determinar que no existía ninguna política o ataque. En cambio, sobre la base del material presentado, la moción concluye que no hay evidencia de que este aspecto de la investigación se haya perseguido real y genuinamente.

Esta opinión fue confirmada por la decisión de la Sala que determinó que, del material presentado por Venezuela, parecía que el gobierno concluyó a priori que no se cometieron delitos como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil. Conclusiones a las cuales, según los jueces, se llegó sin indicios de que se hubiera llevado a cabo una investigación.

También, la Sala notó un patrón por el cual las autoridades venezolanas supuestamente investigaban actividades realizadas por funcionarios de menor rango y otros perpetradores directos sin indagar en las actividades de los funcionarios de mayor rango en la cadena de mando, práctica similar a la analizada por la Sala en la Situación en Burundi.

En cuanto a las perspectivas de las víctimas en esta Situación, la CPI, el 18 de noviembre de 2022, les extendió una invitación para brindar sus puntos de vista e inquietudes con respecto a la reanudación de la investigación, las cuales fueron recopiladas en el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (“VPRS”). Este incluyó observaciones de aproximadamente 8,900 personas, dos instituciones u organizaciones y aproximadamente 630 familias. En el informe expresaron la urgencia de una investigación por parte de un tribunal internacional imparcial dado que los procesos internos no son genuinos, que las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela son limitadas y no abordan la falta de procesos genuinos, y que la CPI debe llevar a los perpetradores a la justicia ya que en Venezuela se está eximiendo de responsabilidad penal a los máximos responsables de la comisión de los crímenes.

En este sentido, la Sala rechazó la solicitud del gobierno de Venezuela para responder a este informe argumentando que el gobierno estaba tratando de responder a cada uno de los reclamos de las víctimas, acción que no correspondía a este momento del proceso. Sobre este aspecto en particular, en la autorización de la reanudación de la investigación, la Sala observó con perspicacia cómo el gobierno no identificó a ninguna persona sospechosa en los casos en que una denuncia se refiere a los presuntos autores por su nombre, sino que se concentró tajantemente en identificar, localizar y acceder a información sobre las víctimas. En última instancia, la Sala concluyó que Venezuela no está investigando, y no expresa ninguna intención de investigar, las alegaciones al respecto de los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad.

La decisión de investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos a través de procedimiento formal por parte de la CPI, así como el establecimiento de una misión independiente de investigación de los hechos por parte de las Naciones Unidas, refleja el compromiso de la comunidad internacional de responsabilizar a los perpetradores y brinda un rayo de esperanza a las innumerables víctimas que han sufrido bajo la administración de Maduro. Mientras Venezuela navega por este camino, la comunidad internacional enfrenta desafíos y oportunidades, todos los cuales tienen el potencial de dar forma al futuro del país y de la región, y redefinir el concepto de justicia a escala global.

A medida que la Fiscalía de la CPI y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela (“FFM” por sus siglas en inglés), con el apoyo del valiente trabajo de las organizaciones locales, profundizan en la investigación de los atroces crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen, la magnitud de las atrocidades se hace cada vez más evidente.

Adicionalmente, y de forma paralela a la investigación de la CPI, la FFM también ha encontrado motivos razonables para creer que las violaciones cometidas en Venezuela no fueron incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón más amplio de ataques deliberados y organizados contra la población civil. Estos actos se llevaron a cabo como parte de una política gubernamental destinada a suprimir la oposición al régimen gobernante. La FFM continuó indicando que las estructuras dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela siguen siendo las mismas y los patrones de conducta criminal dentro de estas agencias aún persisten.

La FFM también ha señalado que el nivel de responsabilidad a menudo aumenta a medida que el análisis se aleja más de la persona que ejecuta los abusos contra los derechos humanos para alcanzar a los rangos más altos de mando. La evidencia recopilada hasta el momento por la FFM, muestra que los actos de violencia documentados no fueron realizados por individuos al azar que actuaron solos dentro del SEBIN y la DGCIM, sino que estas violaciones, que constituyen crímenes de lesa humanidad, fueron parte de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y aplastar a la oposición. La FFM señala al presidente Nicolás Maduro, apoyado por otros altos funcionarios, como los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia.

En resumen, como muestran las múltiples, comprobables y documentadas fuentes de evidencia, el alarmante estado de Venezuela no es una historia fabricada. Declaraciones que minimizan o desestiman las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas, ya sea que provengan de dentro o fuera del país, socavan los esfuerzos para atender el sufrimiento del pueblo venezolano y encontrar una solución sostenible a la crisis. Es fundamental mantener el compromiso de defender los derechos humanos, fomentar la democracia y apoyar la búsqueda de la justicia. Los líderes en la región y a nivel mundial deben abordar la situación en Venezuela con la seriedad y la sensibilidad que merece, y entablar un diálogo constructivo para abordar los problemas subyacentes que impiden que los y las venezolanas logren un futuro pacífico y democrático. Debemos recordar que la grave crisis de derechos humanos en Venezuela no es parte de una narrativa construida sino una realidad devastadora que debe llevarse ante la justicia.