Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights celebran la decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de remitir el caso de la Masacre de El Junquito contra Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado octubre. Este caso, en el cual las organizaciones actúan como representantes de las víctimas, se refiere a las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otras seis personas por agentes estatales durante la llamada “Operación Gedeón” el 15 de enero de 2018, así como los hostigamientos sufridos por los familiares de las víctimas y la impunidad que rodea estos actos atroces.
Óscar Pérez era un agente activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), quien se convirtió en crítico de las estructuras del poder político en Venezuela y cofundó el Movimiento Equilibrio Nacional. Pérez obtuvo notoriedad en junio de 2017 tras publicar un video y sobrevolar con un helicóptero el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. A mediados de diciembre de 2017, el grupo sustrajo armas de un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana y Óscar Pérez posteriormente difundió un video del incidente en su cuenta de Twitter, titulándolo “Operación Génesis”. En enero de 2018, alrededor de 500 agentes de las fuerzas de seguridad asaltaron la residencia ubicada en El Junquito donde se encontraban Óscar Pérez y las otras seis víctimas. A pesar de las abrumadoras pruebas que muestran su rendición y esfuerzos de negociación, los agentes estatales ejecutaron a las víctimas.
El caso de la Masacre de El Junquito es emblemático de los graves y sistemáticos abusos a los derechos humanos en Venezuela, marcados por un patrón de uso excesivo de la fuerza, así como una clara ausencia de debido proceso y protección judicial. Las ejecuciones extrajudiciales de las siete personas que se rindieron de manera inequívoca demuestran un desprecio flagrante por las normas más básicas de los derechos humanos. Adicionalmente, la destrucción intencional del lugar de los hechos y la falta de preservación de pruebas cruciales destacan un socavamiento deliberado de debido proceso y garantías judiciales.
El Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights continuarán acompañando y representando a las víctimas en esta nueva etapa de litigio ante el sistema interamericano de derechos humanos para obtener la verdad, justicia y reparación que el poder politico venezolano les ha negado durante años.