«Nos están borrando como seres humanos», dijo Sonia Pierre, nacida en la República Dominicana de padres haitianos, en referencia a la profunda discriminación a la que se enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana dentro de la sociedad dominicana y sus instituciones.

Sonia fue una dedicada defensora de los derechos humanos que lideró el movimiento contra el racismo estructural y la discriminación que afecta a miles de personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Galardonada con el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos 2006, Sonia fundó el MUDHA (Movimiento de Mujeres Dominico-haitianas) para promover una mejor calidad de vida para la población que vive en los «bateyes», zonas tradicionalmente ocupadas por migrantes haitianos, caracterizadas por unas condiciones de vida precarias y la falta de garantías básicas.

Sonia Pierre defendió casos de derechos humanos a escala internacional, al mismo tiempo que construyó y mantuvo el apoyo a la comunidad en la República Dominicana, lo que causó que ella y su familia fueran amenazadas de muerte. Murió en 2011 a los 48 años de un ataque al corazón, tras dedicar su vida a promover la igualdad de trato de las personas dominicanas de ascendencia haitiana y las personas migrantes haitianas.

Entre sus esfuerzos, Sonia llevó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el caso de Yean y Bosico, dos niñas de origen haitiano a las que se denegó injustamente un certificado de nacimiento dominicano. El caso dio lugar a una sentencia histórica de la Corte Interamericana en 2005, donde por primera vez un tribunal internacional abordó la cuestión de la apatridia y sus consecuencias para quienes viven sin nacionalidad. La decisión estableció obligaciones para los Estados de prevenir y reducir este fenómeno.

Lamentablemente, la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana no hizo más que empeorar en los años siguientes.

En 2010 se reformó la Constitución del país, estipulando que las personas  nacidas en territorio dominicano de padres en situación migratoria irregular no adquirirían la nacionalidad dominicana.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia TC 168-13, interpretando esta reforma de forma retroactiva y estableciendo que se aplicaba a las personas  nacidas entre 1929 y 2010. Esta decisión privó arbitrariamente a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana de su única nacionalidad, institucionalizando la apatridia. Como consecuencia, las autoridades administrativas iniciaron una cancelación masiva de certificados de nacimiento y documentos de identidad.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó nuevamente a la República Dominicana por privar arbitrariamente de su nacionalidad a personas dominicanas de ascendencia haitiana. Ante la creciente presión y las críticas de la comunidad internacional, el Gobierno intentó abordar las consecuencias de la sentencia promulgando la Ley 169-14. Sin embargo, esta ley creó problemas adicionales al obligar a miles de personas que nunca pudieron obtener documentos dominicanos a declararse extranjeros -a pesar de ser dominicanos- para que sus casos pudieran ser evaluados.

Esta situación marca la mayor privación de nacionalidad en la historia de América Latina y el Caribe. A lo largo de esta década, el racismo y la discriminación racial han persistido, provocando que los afectados sufran las graves repercusiones de la desnacionalización. La mayoría de las personas afectadas, al no tener otra nacionalidad, permanecen apátridas, condición que les impide acceder a derechos como la educación, la salud o el empleo. Como consecuencia, miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana se encuentran en un limbo legal, y han sufrido o se enfrentan a amenazas de deportación, o se han marchado del país voluntariamente.

Los y las haitianas dominicanas y los/as migrantes haitianas continúan sufriendo discriminación en la República Dominicana, y luchan por obtener documentos legales y registrar a sus hijos/as como ciudadanos/as. Sin una identificación adecuada, no pueden optar a la asistencia social y carecen de acceso a la educación y la atención sanitaria. Las mujeres embarazadas que buscan atención médica a menudo sufren discriminación si se considera que son haitianas, y se ha reportado que las autoridades de inmigración realizan redadas en hospitales para detener y deportar a mujeres y niñas migrantes. Entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, más de 120.000 personas de ascendencia haitiana fueron deportadas a Haití, donde muchas regiones están controladas por grupos delictivos armados, y donde no están garantizados los servicios básicos ni la seguridad.

La magnitud de las detenciones arbitrarias y deportaciones de quienes se cree que son migrantes indocumentados es tal que, en 2022, las prácticas discriminatorias contra la población negra (que sea percibida como haitiana) llevaron a Estados Unidos a emitir una advertencia de viaje para sus ciudadanos afroamericanos.

Más de una década después de la sentencia regresiva TC 168-13 del Tribunal Constitucional, y a pesar de los informes posteriores de mecanismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo, aún no se ha desmantelado el sistema de racismo estructural y discriminación que afecta desproporcionadamente a decenas de miles de personas de ascendencia haitiana.

La República Dominicana debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, eliminando la práctica sistemática de racismo y discriminación racial que el país ha implementado históricamente contra su población. La apatridia es inaceptable, constituye una violación de los derechos humanos básicos y aumenta la vulnerabilidad y la exclusión de los grupos minoritarios. Las autoridades dominicanas deben cesar las detenciones arbitrarias y expulsiones de personas dominicanas de ascendencia haitiana, implementando en su lugar un proceso accesible y efectivo para recuperar la nacionalidad, y así prevenir y erradicar la apatridia, garantizando el pleno disfrute de los derechos humanos, allanando el camino para una sociedad justa e inclusiva.