Organizaciones de la Sociedad Civil Condenan Expulsiones Colectivas de República Dominicana y Llaman a su Cese Inmediato
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Santo Domingo, Washington D.C.
Diciembre 2022
Las organizaciones firmantes expresamos extrema preocupación frente a la expulsión colectiva a Haití de personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes y mujeres embarazadas, por parte de las autoridades de la República Dominicana.
Dicha medida forma parte de una serie de acciones planteadas por el Presidente de la República Dominicana para enfrentar la migración proveniente del país vecino pero que a su vez exacerba la ya existente xenofobia y racismo en el país. En el marco de estas políticas de migración, la Dirección General de Migración (DGM) ha realizado operativos que consisten en ubicar a personas haitianas y otras personas extranjeras en situación irregular para su deportación inmediata y violentando el debido proceso. De acuerdo con información obtenida a través de organizaciones locales, la DGM ha informado que, en los últimos tres meses, más de 60 mil personas han sido expulsadas por vía terrestre. Según UNICEF, se han registrado al menos, 1800 niños, niñas y adolescentes no acompañados dentro de las expulsiones colectivas. Tan solo en octubre, organizaciones haitianas contabilizaron más de 14.800 personas expulsadas desde República Dominicana. De forma alarmante, se han recibido denuncias de perfilamiento y discriminacion racial, incluyendo a personas dominicanas pendiente de una solución de sus documentos, y personas dominicanas que por su color de piel se presumen como haitianas. Estos operativos liderados por las autoridades dominicanas son discriminatorios, desproporcionados y contravienen su propia norma interna y las obligaciones internacionales del Estado.
Las expulsiones colectivas a Haití resultan aún más graves teniendo en cuenta la situación de inseguridad, inestabilidad política y de crisis generalizada que atraviesa dicho país. Tal como lo ha señalado la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las condiciones actuales de Haití no permiten un retorno seguro, digno y sostenible. República Dominicana debe respetar el principio internacional de no devolución (non-refoulement) bajo el cual los Estados no pueden retornar a las personas a un país donde su vida e integridad corren riesgo o donde las personas corran riesgo de persecución o otras violaciones graves de sus derechos humanos..
Asimismo, persiste en la República Dominicana un riesgo elevado de que personas dominicanas y haitianas sean expuestas a expulsión a Haití por la falta de garantía de su nacionalidad y/o estatus regular en el país. Al respecto, actualmente no existe un camino para renovar el estatus de más de 200,000 personas haitianas en situación irregular que recibieron un estatus regular bajo el primer programa de regularización en República Dominicana en 2014/2015 (PNRE). De igual forma, existe una evidente falta de implementación de la ley 169-14, creada para resolver el acceso a la nacionalidad dominicana de aquellas personas dominicanas de ascendencia extranjera, principalmente haitiana, desnacionalizadas en 2013. Esta situación genera un riesgo elevado de que decenas de miles de personas dominicanas y haitianas sean expuestas a expulsión.
En lugar de continuar con enfoques que perpetúan la discriminación racial y la xenofobia, la República Dominicana tiene la oportunidad de comprometerse con la comunidad internacional para garantizar que las personas haitianas puedan encontrar seguridad mientras continúa la crisis humanitaria y de derechos humanos en Haití, respetando a su vez sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Por las anteriores razones, urgimos al gobierno de la República Dominicana a detener inmediatamente las expulsiones colectivas y respetar el derecho de toda persona a la protección internacional y a la no devolución. El Estado debe respetar el derecho al debido proceso, a la dignidad e integridad personal, entre otros derechos fundamentales. Resaltamos, una vez más, que la política migratoria de los Estados no puede diseñarse o ejecutarse de manera tal que implique la violación de derechos humanos de quienes se encuentran en su jurisdicción.
Organizaciones:
OBMICA
Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
ASCALA
CEDESO
MUDHA
Dominicanos por Derecho
Reconoci.do
Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Amnistia Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)