1.29.2020
Generaciones en riesgo de apatridia
Entrevista a la abogada María Bizenny sobre la desnacionalización de personas dominicanas de ascendencia haitiana

En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de República Dominicana despojó a cientos de miles de personas nacidas en el país de su ciudadanía dominicana, la gran mayoría de ellas dominicanas de ascendencia haitiana. La decisión tuvo un carácter retroactivo y cobijó casi un siglo, dejando a generaciones enteras de personas apátridas o en riesgo de apatridia. 

Esta Sentencia del Tribunal Constitucional fue la culminación de una serie de leyes, decisiones judiciales, políticas y prácticas xenófobas y discriminatorias dirigidas a frenar la migración haitiana a través de la frontera. 

La negación del derecho a la nacionalidad tiene consecuencias graves para la vida diaria. Las víctimas tienen problemas en declarar a sus hijos e hijas como ciudadanos dominicanos, inscribirles en la escuela, ir a la universidad, encontrar un empleo formal y acceder a los servicios sociales. 

Si bien una ley de 2014 prometió restaurar la nacionalidad dominicana a algunas víctimas de la Sentencia, el problema está lejos de resolverse. La ley dividió arbitrariamente a las víctimas en dos grupos: prometió restaurar la ciudadanía dominicana a aquellos que se registraron como ciudadanos dominicanos antes de la sentencia de 2013 (Grupo A) y ofreció la opción de un camino a la ciudadanía por naturalización para aquellos que no estaban registrados (Grupo B), lo que obligó a este último grupo a auto-reportarse como extranjeros en su propio país. 

Seis años después, las personas afectadas por esta decisión siguen luchando por recuperar su nacionalidad y el problema se extiende a sus hijos e hijas. El Estado dominicano ha rechazado sistemáticamente las recomendaciones y las sentencias de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en este tema. 

María Bizenny Martínez, abogada con la organización Movimiento Socio-cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), se ha dedicado al tema de desnacionalización y apatridia por más de una década. 

En una entrevista reciente, ella nos explicó qué ha sucedido en este tema   durante el último año, sus propias experiencias bajo de estas políticas, y la realidad aún urgente para las víctimas de la Sentencia y las políticas de desnacionalización en República Dominicana. 

¿Cómo llegaste a dedicarte al tema de desnacionalización y apatridia en República Dominicana?

En el año 2008 me incorporé al equipo del MOSCTHA, para realizar trabajo de apoyo logístico en la oficina y en comunidades junto al Departamento de Salud sexual y reproductiva, quienes impartían charlas sobre prevención de VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual. En esas charlas veía que muchas personas se acercaban a preguntar sobre cómo podían acceder a tratamiento de larga duración en los hospitales sin el documento de identidad y comencé a sentir empatía con su situación, porque cada vez recordaba que en el año 1996, no logré entrar a la universidad porque mi mamá no había ratificado mi declaración tardía de nacimiento, situación que duró casi 8 meses para resolverse y mientras ella hacia el proceso, mi cédula de identidad estaba suspendida. 

Luego me invitaron a Honduras a un taller sobre derechos humanos y movilidad humana, donde comienzo a analizar la situación de  los derechos humanos en la República Dominicana, lo que permite que unos meses después de mi regreso, junto al equipo Legal de la organización, retomemos un programa de Clínicas legales que se había suspendido hacía varios años. 

En el 2011 pasó un hecho muy curioso: mi esposo fue a buscar un duplicado de acta de nacimiento de mi hija, nacida en el 2007, cuando prestaba servicio en la Policía Nacional y vaya sorpresa! le entregaron un acta de extranjería, basados en que mi cédula decía “No vota,” y mi color de piel porque soy de tez oscura, cosa que se resolvió al otro día cuando mi esposo, el cual tampoco posee ascendencia extranjera, amenazó con hacer un escándalo en los medios de comunicación porque estaban ‘extranjerizando’ a las personas sin que éstas tuvieran conocimiento, y esto hace que se profundice más mi deseo de promover los derechos humanos y la eliminación de la discriminación en la República Dominicana.

¿Cómo es el día a día del trabajo de acompañamiento a las víctimas de las políticas de desnacionalización en la República Dominicana?

El trabajo en el contexto actual muchas veces suele ser frustrante, pues creemos que vamos a obtener la resolución positiva de un caso porque se han dado los pasos de acuerdo al sistema jurídico nacional, pero en una resolución meramente administrativa se estanca, y las víctimas continúan sin obtener una respuesta dentro del marco legal.

¿Cómo describes tú el impacto de estas políticas de desnacionalización en la vida diaria de las víctimas con las que trabajas?

El impacto de la Sentencia 168/13, fue algo doloroso para las víctimas en el orden social, económico y psicológico. Jóvenes con muchas capacidades, pero que han visto sus vidas suspendidas, y que no pueden acceder a un nivel de estudio superior o técnico, principalmente aquellos que poseen actas de extranjerías y aquellos que no han logrado obtener nada. 

La falta de desarrollo económico, que hace que las víctimas sean explotadas en el plano laboral si logran algún tipo de empleo en el sector informal y las mujeres son muchas veces explotadas sexualmente. Psicológicamente, las personas se sienten en un laberinto sin salida, y algunos jóvenes han pensado hasta en el suicidio. Cuando vamos a las comunidades vemos como las víctimas se sumergen en el dolor al ver también a sus hijos que también nacieron en territorio afectados por la trampa que les ha jugado el destino.

Muchas veces me pongo a analizar, a cuestionar el accionar del Estado y los sectores de poder y llego a la misma conclusión, porque no logro entender, por qué mantener a un sector poblacional marginado? Confinado a una situación que no es buena para nadie? Porque no le conviene ni al Estado, pues tener personas castigadas en la extrema pobreza y sin protección social, es un acto de barbarie y de irracionalidad.

¿Cuáles son los mayores desafíos en tu trabajo?

Los desafíos principales de este trabajo son el bajo apoyo de parte del Estado para buscar dar un acceso efectivo a la nacionalidad, la baja visibilidad del tema a nivel nacional e internacional y la falta de financiación en la que está sumergida las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en la promoción de derechos humanos.

¿Cuáles han sido los desarrollos durante este año, con respecto a la desnacionalización en la República Dominicana? 

La CIDH instauró una mesa de diálogo entre la sociedad civil y el Estado, donde como sociedad civil logramos explicar claramente las violaciones de derechos y la situación en la que continúa la población afectada por la Sentencia a pesar de la Ley 169/14. Fue algo muy positivo al principio, pues se dio un paso de avance, no obstante, por más esfuerzo que se ha realizado para crear el ánimo de que se llegue a una solución efectiva y duradera, este ha sido en vano, y las propuestas de solución han quedado en el aire. 

La negativa del Estado de no asumir las recomendaciones de la CIDH y de la Corte IDH, que proponen el reconocimiento y restitución de la nacionalidad, es vista por muchos sectores del Estado como una injerencia a las decisiones del país, y no como una  situación de calamidad y dificultad que enfrentan las personas día a día. La aplicación de la Ley 169-14, principalmente para el Grupo B [las personas no registradas como ciudadanos y ciudadanas dominicanas cuyo estatus legal no queda claro] deja en una nebulosa el goce efectivo de los derechos civiles y políticos de las víctimas, sin salida clara a una restitución de nacionalidad. La aplicación de la Sentencia y la ley de forma conjunta, disminuye la posibilidad de que los que han quedado en la apatridia puedan ser reconocido como nacionales. 

¿En tu opinión, qué soluciones consideras que son viables para resolver la situación de las víctimas afectadas por las políticas de desnacionalización 

La solución para esta situación está claramente en la constitución de la República Dominicana y la ley civil sobre el registro de niños y niñas, las cuales permitirían acceso a la nacionalidad dominicana para todas las personas nacidas en el territorio a padres extranjeras antes de la enmienda constitucional de 2010.

¿Qué te gustaría que la comunidad internacional supiera sobre el estado actual de la situación? ¿Cómo puede ayudar?

La comunidad internacional es uno de los aliados principales en esta lucha, por lo tanto la asistencia técnica y financiera a las organizaciones locales son necesarias, pero dentro de un marco de acompañamiento y no de protagonismo, pues muchas veces al abordar el tema no consultan a las organizaciones que trabajan en terreno y todo se vuelve más confuso para quienes nos escuchan, pues para las personas del orden internacional y algunas en el orden interno todo parece estar resuelto.

MOSCTHA y Robert F. Kennedy Human Rights trabajan conjuntamente en el tema de desnacionalización de personas dominicanas de ascendencia haitiana, específicamente ante la CIDH en el caso de Juliana Deguis Pierre y otros adultos y niños, todos ellos víctimas de las políticas de desnacionalización de República Dominicana. 

Para obtener más información sobre estos temas, por favor consulte el informe “Sueños Postergados: la lucha de las personas dominicanas de ascendencia haitiana por recuperar su nacionalidad”.