Fighting for Justice With Indigenous Activists in Guatemala

Robert F. Kennedy Human Rights and the Xinka Parliament of Guatemala are asking the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to hold the Guatemalan government responsible for failing to protect the life of 16-year-old indigenous activist Topacio Reynoso and her father, also an activist. This case is representative of the threats and attacks that human rights defenders, particularly those that aim to protect their land and territories from the mining industry, are facing in Guatemala.

Reynoso and her father, Alex, were shot as they were walking to their car after a concert and community event in April 2014. The assault took Topacio’s life and left her father in a coma for several days. In October 2015, while driving his car, Alex was a victim of a second armed attack.

Before her murder, Topacio was a 16-year-old activist who led a peaceful resistance against the mining company Minera San Rafael S.A., which initiated projects in the gold mining sites of El Escobal and exploration projects of Juan Bosco and Andrés, in the regions of Jalapa and Santa Rosa. The Reynosos participated in protests in 2011 and quickly became active leaders of the peaceful resistance movement, traveling to different communities to campaign against the mining projects.

Resistance to mining activity in this area of the country began in 2007 after the Canadian company Goldcorp obtained mining licenses. Since 2013, nine community referendums have been held in the territory affected by the mining activity, with 95 percent of the population opposing the mining projects. However, the conflict between the communities—most of them indigenous communities of the Xinka People—and the mining companies have led to confrontations, attacks, and hostilities against the peaceful resistance leaders. The Guatemalan government has refused to comply with international standards that require a consultation process with indigenous communities, ignoring a 2018 decision by the Constitutional Court of Guatemala.

Regrettably, the Guatemalan government has failed to investigate the 2014 and 2015 attacks seriously. There have been no suspects identified by the prosecutor's office, despite family members supplying numerous leads, and the State has not taken appropriate measures to protect Alex and his family.

This case is an example of the threats and attacks that human rights defenders, particularly those who aim to protect their lands and territories from extractive industries, face in Guatemala. Through this case before the IACHR, Robert F. Kennedy Human Rights and the Xinka Parliament hope to hold the Guatemalan government responsible for failing to protect Topacio and the persistent impunity that surrounds her case, as well as the attacks against her father, Alex Reynoso.

The two organizations expect that bringing this case before the IACHR will not only honor the memory of Topacio, but end the widespread impunity surrounding violence against human rights defenders and protect their right to defend their communities, their lands, and its natural resources in a safe and peaceful environment. The IACHR is expected to study the case over the coming months.

This Topacio case is one of the most recent examples of RFK Human Rights’ unique role as a world leader that defends civic space and holds governments accountable for failing to protect their citizens.

RFK Human Rights has also petitioned the United Nations’ Working Group on Arbitrary Detention in the case of Nigerian journalist and activist Omoyele Sowore and represented the family of slain Colombian journalist Nelson Carvajal before the IACHR.

BUSCANDO JUSTICIA JUNTO A DEFENSORES INDÍGENAS EN GUATEMALA

RFK Human Rights y el Parlamento Xinka solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare a Guatemala responsable por no proteger la vida de una defensora de 16 años y su padre

Robert F. Kennedy Human Rights y el Parlamento Xinka de Guatemala han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare al Estado de Guatemala responsable por no proteger la vida de una defensora de 16 años de edad y su padre, también activista.

El caso refleja un patrón de ataques y amenazas que personas defensoras de derechos humanos, particularmente las que buscan proteger sus tierras y territorios de las empresas mineras, están enfrentando en Guatemala. A Topacio Reynoso y a su padre, Alex, les dispararon cuando estaban caminando hacia su auto después de un concierto y evento comunitario en abril de 2014. El ataque cobró la vida de Topacio y dejó a su padre en coma por varios días. En octubre de 2015, Alex fue víctima de un segundo ataque armado, que ocurrió mientras estaba manejando su auto.

Topacio tenía 16 años de edad y era una joven lideresa de la resistencia pacífica en contra de la empresa minera Minera San Rafael S.A. – una empresa local a cargo de la explotación de El Escobal y la exploración de Juan Bosco y Andrés, en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa.

Los Reynoso iniciaron a formar parte de las protestas en el 2011, convirtiéndose rápidamente en líderes de la resistencia pacífica, y viajando a diferentes comunidades para hacer campaña contra los proyectos mineros.

La resistencia a la actividad minera en la zona inició en el año 2007, cuando la empresa canadiense Goldcorp obtuvo los derechos mineros. Desde el 2013, nueve consultas comunitarias se han llevado a cabo en el territorio afectado por la actividad minera con 95% de la población contraria a la explotación. Aun así, el conflicto entre las comunidades – la mayoría comunidades indígenas del Pueblo Xinka – y las empresas mineras llevaron a confrontaciones, ataques y hostigamientos en contra de los líderes y lideresas de la resistencia pacífica. El Gobierno de Guatemala se negó a cumplir con los estándares internacionales y no cumplió con el proceso de consulta que tiene que llevar a cabo en los territorios indígenas afectados por un proyecto en particular, incluso ignorando una decisión del 2018 de la de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Las investigaciones de los ataques del 2014 y 2015 no han sido tomadas con la debida seriedad por parte del Estado. Ningún sospechoso ha sido identificado por la Fiscalía, a pesar de los indicios aportados por la familia. Además, las autoridades no han adoptado las medidas necesarias para proteger a Alex y su familia.

Este caso es representativo de las amenazas y ataques contra las personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que protegen sus tierras y territorios de las industrias extractivas en Guatemala. Con este caso ante la CIDH, Robert F. Kennedy Human Rights y el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala buscan responsabilizar al gobierno guatemalteco por no proteger la vida de Topacio y por la impunidad que rodea el caso, así como los ataques en contra de su padre, Alex Reynoso.

Las organizaciones esperan que al llevar este caso a la Comisión no solo se honre la memoria de Topacio, sino que se ponga fin a la impunidad generalizada que rodea la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y proteger su derecho a defender sus comunidades, sus tierras y sus recursos naturales en un ambiente seguro y pacífico. Se espera que la CIDH estudie el caso durante los próximos meses.

Este caso es uno de los ejemplos más recientes del rol único de RFK Human Rights como líder mundial que defiende el espacio cívico y responsabiliza a los gobiernos por no proteger a sus ciudadanos.

RFK Human Rights también ha solicitado al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria en el caso del periodista y activista nigeriano Omoyele Sowore, y ha representado a la familia del periodista asesinado Nelson Carvajal ante la CIDH.