RFK Human Rights Expresa Preocupación Por La Respuesta Del Estado a La Comisión Interamericana De Derechos Humanos

Después de meses de manifestaciones masivas en Colombia y la dispersión violenta de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, Robert F. Kennedy Human Rights está profundamente preocupada por la respuesta del Estado colombiano al informe y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita al país durante los días 8 y 9 de junio de 2021.

Luego de la visita durante la cual la CIDH se reunió con representantes del Estado y la sociedad civil colombiana, la primera de las 41 recomendaciones de la CIDH enfatizó la necesidad de un diálogo nacional genuino y representativo de las diferentes poblaciones y sectores del país, especialmente aquellas comunidades que se han visto más afectadas por la discriminación histórica, social y estructural. La CIDH pasó a formular recomendaciones para prevenir el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante las protestas, combatir la violencia de género y la violencia contra las minorías étnico-raciales, prevenir las desapariciones, proteger a las y los periodistas que cubren las protestas y utilizar la justicia ordinaria en lugar de los tribunales militares para violaciones a los derechos humanos.

RFK Human Rights y otros amici curiae abogaron por muchas de estas protecciones para garantizar el derecho a la protesta en escritos de amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia en una acción de tutela en defensa de la protesta social y en el caso de Dilan Cruz en el último año.

Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores coincidió parcialmente con las recomendaciones de la CIDH, en su respuesta oficial continúa defendiendo muchas de las prácticas y acciones que RFK Human Rights y un centenar de organizaciones de derechos humanos más criticaron como violatorias de los derechos humanos, alegando inestabilidad “derivada de la crisis económica, laboral y de salud pública provocada por la pandemia COVID-19.”

El comunicado procedió a rechazar las conclusiones de la CIDH sobre el uso generalizado, excesivo y desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas y el alcance de la participación del escuadrón antidisturbios, ESMAD, responsable de algunos de los incidentes de violencia más brutales y emblemáticos durante las protestas. El Estado también rechazó rotundamente que la fuerza excesiva haya sido utilizada contra poblaciones en situación de vulnerabilidad y que los bloqueos, que se han prohibido recientemente en el Decreto 003/2021, constituyen una forma legítima y protegida de acción colectiva.

Aún más, el Estado colombiano rechazó el anuncio de la CIDH sobre su decisión de crear un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, alegando la suficiencia de las propias leyes y organismos internos de Colombia. En esa misma línea, la afirmación del Estado de que la CIDH “no tiene facultades” para abordar la situación de la implementación de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Paz de 2016 es profundamente preocupante. La CIDH tiene clara autoridad para monitorear la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), incluso prestando especial atención a las poblaciones, comunidades y grupos históricamente sometidos a discriminación y exclusión social.

Los tiempos de crisis no pueden utilizarse como excusa para permitir y facilitar las violaciones de los derechos humanos. Además, como expresamos a la Corte Constitucional de Colombia a principios de este año, el derecho a la protesta juega un papel importante en el ejercicio de otros derechos humanos y es una piedra angular de la democracia. Todas las recomendaciones de la CIDH se basan en estándares internacionales de derechos humanos que Colombia tiene el deber de respetar. Urgimos a Colombia a implementar todas las recomendaciones de la CIDH y cumplir con sus obligaciones internacionales para asegurar que los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, puedan ser ejercidos por todas las personas.