El 6 de febrero de 2023, Robert F. Kennedy Human Rights, en conjunto con el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH), Women’s Link Worldwide (WLW) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) presentaron un amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia. En 2019, la sociedad civil nacional presentó una acción constitucional solicitando la protección de diez defensores de derechos humanos (DDH) y el derecho a proteger los derechos humanos en general. La sentencia del 11 de mayo de 2020 reconoció la existencia de un derecho autónomo a defender los derechos humanos, ordenando a los organismos gubernamentales aumentar la protección de los DDHH. A pesar de esta decisión, la situación de los DDHH no mejoró y entre enero y noviembre de 2022, 201 DDDH fueron asesinados en Colombia, lo que demuestra que el mecanismo de protección existente no está funcionando como se pretendía.

Frente a este desafío, las ONG colombianas decidieron solicitar a la Corte que declare un “estado de cosas inconstitucional” – una resolución legal en Colombia a través de la cual la Corte puede declarar que fallas estructurales están llevando a violaciones generalizadas de los derechos humanos de un grupo específico y ordenar a las autoridades competentes que tomen medidas generales y solucionen esta situación. El escrito, presentado por RFK Human Rights y organizaciones asociadas, se centra en la obligación del Estado de a proteger a defensores/as de los derechos humanos frente a actores privados y en la necesidad de mejorar el contenido y la aplicación del mecanismo de protección existente, en consonancia con las normas internacionales y regionales de derechos humanos. Tanto el sistema universal como el interamericano de derechos humanos han reconocido el derecho a defender los derechos humanos, lo que significa que esto constituye una obligación para Colombia tanto a nivel nacional como internacional.

A pesar de los compromisos públicos asumidos por el gobierno colombiano, el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de protección de los defensores de derechos humanos. Se trata de un problema sistémico, con un mecanismo deficiente e ineficaz que promueve una cultura de estigmatización en contra de los DDHH y carece de apoyo por parte de las instituciones públicas. Esto culmina en el hecho de que Colombia no es lugar seguro para la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, el “estado de cosas inconstitucional” es una oportunidad para que el Estado colombiano inicie los cambios estructurales y sistémicos necesarios y urgentes para proteger efectivamente a los/as DDHHs.

LEA EL AMICUS BRIEF COMPLETO AQUÍ