3.24.2021
Colombia debe asegurar justicia por homicidio de manifestante
Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights presentan amicus ante Corte Constitucional

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Washington, D.C. (March 24, 2021)—Las autoridades colombianas deben respetar el derecho a la asamblea pacífica y garantizar investigaciones independientes e imparciales sobre el uso de la fuerza policial en contra de manifestantes, incluyendo casos de homicidios, señalaron Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights hoy al presentar una intervención ante la Corte Constitucional.

La intervención (escrito de amicus curiae) apoya una tutela que solicita transferir la investigación penal sobre la muerte de Dilan Cruz de la justicia penal militar, donde se encuentra actualmente, al sistema de justicia ordinaria. Cruz, un joven de 18 años, murió por el accionar de la policía en noviembre de 2019. El escrito también explica las obligaciones que tiene Colombia de proteger y respetar el derecho a la asamblea pacífica, así como de garantizar los derechos de las víctimas a obtener justicia y reparación.

“La justicia penal militar en Colombia no garantiza investigaciones independientes e imparciales sobre violaciones de derechos humanos y no debería tratar el caso de Dilan Cruz”, señaló Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights. “Las autoridades colombianas deben transferir el proceso a la justicia ordinaria y garantizar que la familia de Cruz obtenga la justicia que merece”.

El 23 de noviembre de 2019, un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) le disparó en la cabeza a Cruz mientras él participaba en una manifestación en el centro de Bogotá. Cruz murió dos días después a causa de esta herida. Las autoridades colombianas determinaron que Cruz había sido impactado por una munición conocida como “bean bag,” la cual consiste de una pequeña bolsa de tela que contiene perdigones, en general de plomo. Estas municiones están diseñadas para ser disparadas hacia las extremidades del cuerpo a fin de limitar el daño que provocan.

El 12 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura remitió el caso a la justicia penal militar donde ha habido pocos, si es que algún, progreso. Hasta ahora, ningún oficial ha sido imputado en relación con la muerte de Cruz.

La muerte de Cruz ocurrió en el contexto de un paro nacional que en 2019 movilizó a miles de colombianos para protestar por cuestiones que iban desde propuestas de reforma tributaria hasta el asesinato de defensores de derechos humanos. 

Human Rights Watch determinó que, en varios casos, la policía empleó la fuerza de manera excesiva contra los manifestantes, incluidos casos de golpizas y detenciones arbitrarias.

Los abusos policiales continuaron en 2020. En septiembre, el abogado Javier Ordoñez murió a manos de policías que le aplicaron descargas eléctricas con una pistola paralizante. La muerte movilizó a cientos de colombianos a salir a las calles y realizar manifestaciones mayormente pacíficas. La policía respondió con un uso de la fuerza que en muchos casos habría sido excesivo, dejando 13 personas muertas y cientos de heridos.

“La Corte Constitucional de Colombia debe enviar un mensaje claro de que los oficiales que participen en violaciones de derechos humanos serán investigados, procesados y castigados”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En la práctica, la impunidad en estos abusos permite que las violaciones de derechos humanos continúen”.



Lead photo: Ronald Dueñas/Flickr (CC BY-NC-SA)