Para decenas de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana que no pueden obtener una tarjeta o cédula de identidad nacional, el futuro parece muy preocupante. 

Yafreisi es una dominicana de ascendencia haitiana que vive en Batey 8, una comunidad construida alrededor de los ingenios de caña donde hoy en día viven muchos dominicanos descendientes de los cortadores de caña que cruzaron la frontera para trabajar en los ingenios dominicanos. Los sueños de Yafreisi de ir a la universidad y perseguir una carrera se frustran sin la posesión de una cédula, pero lo que más le preocupa es cómo su falta de cédula afecta la vida de su hija pequeña - “yo sueño [...] que a mi hija no la discriminen por no tenerla como me están discriminando a mí, que no pase por lo que estoy pasando yo.”

En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana despojó retroactivamente la ciudadanía dominicana de cientos de miles de personas nacidos entre 1929 y 2010, pese al hecho de que todas estas personas nacieron en la República Dominicana en un momento cuando la Constitución dominicana otorgaba el derecho a la ciudadanía por nacer dentro del territorio dominicano. La Sentencia 168-13, fue criticada por la sociedad civil dominicana y por organismos internacionales de derechos humanos por ser la culminación de una historia larga de racismo y xenofobia dirigida a personas dominicanas de ascendencia haitiana, la mayoría de la población afectada por la sentencia de la corte.

En respuesta a la crisis constitucional que el Tribunal Constitucional provocó con la Sentencia 168-13, en mayo de 2014, el congreso dominicano emitió la Ley 169-14, la que parecía mediar el pronunciamiento severo de la Sentencia 168-13. Para las personas como Yafreisi, que nacieron en la República Dominicana y estaban registradas como dominicanas antes de la Sentencia 168-13, llamado “Grupo A”, la Ley 169-14 restauró su nacionalidad dominicana y prometió proveer acceso a sus documentos de identidad nacionales, las marcas tangibles de la ciudadanía dominicana. Para las personas que nacieron en la República Dominicana pero no estaban registradas como ciudadanas dominicanas antes de la Sentencia 168-13, llamado “Grupo B”, la Ley 169-14 les ofreció la opción de registrarse como no ciudadanos y perseguir un camino a la ciudadanía por la vía de la naturalización. Esta opción las obligó a auto-reportarse como extranjeros en su propio país.

Desafortunadamente para Yafreisi y su hija, tres años después de que la legislatura de la República Dominicana emitiera la Ley 169-14, ellas y  muchas de estas personas todavía no pueden tener su ciudadanía reconocida. A pesar de la garantía de la Ley 169-14 de restaurar la nacionalidad a los ciudadanos presuntamente “más afortunados” del “Grupo A”, miles de estos dominicanos/dominicanas quedan sin documentos de identidad nacionales que verifiquen su ciudadanía dominicana. Sin cédulas de identidad, estas personas no pueden postular para puestos en el sector público, inscribirse en la universidad, o acceder a un seguro médico de salud. Como en el caso de Yafreisi, muchas personas enfrentan dificultad para que la ciudadanía dominicana de sus hijos e hijas sea reconocida. Como resultado, los problemas persiguen para la próxima generación y quizás para las generaciones que vendrán. Para las personas del “Grupo B”,  la violación de su derecho a la nacionalidad pese a haber nacido dentro del territorio dominicano sigue sin atención y el camino a la ciudadanía por la vía de la naturalización queda poco claro.

Este nuevo informe del American Jewish World Service (AJWS), el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO), y el Robert F. Kennedy Human Rights analiza las violaciones al derecho internacional por parte del Estado dominicano y proporciona un medio para que las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por las políticas de desnacionalización del país tengan la oportunidad de hablar de sus sentimientos de miedo y  vergüenza; los obstáculos y la discriminación que reciben de las autoridades del Estado; y sus esperanzas de cambio aún presentes pero sombrías. Las organizaciones co-autores ofrecen recomendaciones al Gobierno dominicano y la comunidad internacional para asegurar la restauración completa de los derechos constitucionales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana.

Las barreras que Yafreisi y las otras personas dominicanas de ascendencia haitiana “más afortunadas” del “Grupo A” siguen enfrentando subrayen la necesidad aguda de eliminar las políticas de desnacionalización de la República Dominicana. El Gobierno dominicano debe asegurar que sea reconocido el derecho a la nacionalidad de todas las ciudadanas y los ciudadanos dominicanos. El ejercicio pleno de sus derechos civiles así como el cumplimiento de sus sueños más personales siguen relegados hasta que estos cambios sucedan.