Ciudad de Guatemala, San José y Washington D.C., 28 de septiembre de 2016.- Orlando Salvador López, recientemente separado de su cargo como jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala, fue detenido en su domicilio el pasado jueves 22 de septiembre, acusado de haber ocasionado la muerte a un transeúnte, en un accidente de tránsito. El señor López se encuentra en la actualidad privado de libertad, al igual que tres agentes asignados para su seguridad, a la espera de rendir su primera declaración y de que su situación legal sea determinada por un juez.

Desde la Fiscalía de Derechos Humanos, el Licenciado López lideró la persecución penal de graves violaciones de derechos humanos incluyendo desapariciones forzadas, esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y genocidio, siempre demostrando profesionalismo, independencia, y compromiso con la justicia. El riesgo que se derivaba de su trabajo en esos casos llevó a que el mismo Ministerio Público dispusiera medidas de protección a su favor.

Por su trabajo en casos emblemáticos para la justicia guatemalteca, el Licenciado López ha sido objeto de ataques mediáticos y hasta de una denuncia penal que luego fue desestimada por las autoridades judiciales.  Tomar en cuenta esos antecedentes también es  de suma importancia en la valoración de su caso, a fin de que las autoridades estén atentas y no permitan que terceras personas se valgan de esta lamentable situación como una oportunidad de represalia contra él por el buen desempeño demostrado en la Fiscalía de Derechos Humanos.

En relación con su situación procesal y la de sus agentes de seguridad, las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades a asegurar que se conduzcan las pesquisas necesarias de conformidad con la ley y respetando el debido proceso. Vemos con preocupación que se haya capturado al señor López, tomando en cuenta que se encontraba colaborando con las indagaciones en el caso y a disposición de las autoridades.

Que el señor López enfrente el juicio privado de libertad en una cárcel, le colocaría en una situación de riesgo dada su labor previa como fiscal.  Subrayamos que como ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y constituye la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional y sólo se justifica en caso de que se pretenda asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia.

Valoramos que, en este caso, existirían elementos para otorgar una medida sustitutiva dado que el señor López se encuentra colaborando con la investigación. Asimismo, hemos tenido conocimiento de que el señor López actualmente tiene acceso muy limitado al consejo legal, por lo que hacemos un llamado a que se respete el derecho de todo acusado a disponer del tiempo y de los medios adecuados para comunicarse con un abogado de su elección.

A la luz de lo anterior, las organizaciones firmantes exhortamos al Estado de Guatemala a adoptar todas las medidas necesarias destinadas a garantizar la vida e integridad del señor López y sus agentes de seguridad, tomando en cuenta su rol en casos de alto interés público que han conllevado ataques sistemáticos contra defensores de derechos humanos, incluyendo operadores de justicia, por parte de grupos de poder. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de la víctima de este trágico suceso y subrayamos su derecho a acceder a la justicia y que se esclarezca lo ocurrido.

Abogados sin fronteras Canadá (ASF Canada)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission (GHRC/USA)

Impunity Watch

Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma Internacional contra la Impunidad (Pi)

Robert F. Kennedy Human Rights

 

Contactos:

Anabella Sibrián, Plataforma Internacional contra la Impunidad

+502 5060 0065, representante@plataforma.org.gt

Andrew Fandino, GHRC/USA

+1 202 529 6599, afandino@ghrc-usa.org    

Angelita Baeyens, Robert F. Kennedy Human Rights

+ 1 202 463 7575, baeyens@rfkhumanrights.org

Denis Martinez, Impunity Watch

+ 502 2221 1425, iw-guatemala@impunitywatch.org

Dominic Voisard, Abogados sin fronteras Canadá

+502 3144 4799, dominic.voisard@asfcanada.ca

Francisca Stuardo, CEJIL

+506 2280 7473, fstuardo@cejil.org

Jo-Marie Burt, Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

+1 703 946 9714, jmburt.wola@gmail.com

Leonor Arteaga, Oficial de Programa, Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

+ 703 598 7085, larteaga@dplf.org