WASHINGTON, November 21, 2017 --  In recent days, the Mexican Congress has rushed discussions about the Law on Internal Security (Ley de Seguridad Interior, LSI) that would normalize the participation of Mexico’s armed forces in public security tasks. In the media and in public spaces, legislators from various political parties have insisted on the law’s approval. Despite documented concerns from civil society organizations, and against the opinion of human rights and security experts, Mexico’s Congress plans to debate the law on Thursday, November 30.

In this context, the signatory organizations express our concern about the possible approval of the LSI or any other legal reform that would similarly militarize public security in Mexico.

For decades, our organizations have documented the human rights costs of deploying soldiers into Mexican streets as a strategy to combat organized crime. Within the context of this security strategy, we have also documented the obstacles the civilian justice system faces in investigating and sanctioning abuses committed by criminal organizations and Mexican security forces, as well as the impunity that prevails in the majority of these cases.

Given this situation, we urge the Mexican Congress to reject this law that raises serious and legitimate concerns, and to uphold its commitment to human rights, which the Mexican government adamantly defends before the international community. The Mexican State should meet civil society organizations’ demands for reforms that would professionalize the civilian police and guarantee an independent and autonomous National Prosecutor’s Office and National Prosecutor capable of effectively investigating crimes and human rights violations. These are tools that are essential to putting an end to the widespread impunity that persists in the country. Any debate about eventual changes to public security policies should come only after the presentation of a plan to progressively withdraw the armed forces from public security operations and to professionalize federal, state, and local police forces.

Approving the LSI or formalizing the militarization of public security in Mexico would set a fundamentally negative precedent in Latin America. Furthermore, it would threaten recent constitutional reforms meant to protect human rights in Mexico, including the adversarial criminal justice system reforms of 2008, the human rights reform of 2011, and the 2014 reform that restricted the scope of military jurisdiction by granting the civilian justice system the power to investigate and prosecute human rights violations committed by members of the armed forces against civilians. Unless the civilian justice system is strengthened, these reforms run the risk of becoming rights that exist only on paper if the LSI is passed.

* See also joint statement published on March 22, 2017

Signatory organizations:

Actions by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)

Amnesty International

Center for Justice and International Law (CEJIL)

Center for Legal and Social Studies (CELS)

Conectas Direitos Humanos

Due Process of Law Foundation (DPLF)

Latin America Working Group (LAWG)

Washington Office on Latin America (WOLA)

Robert F. Kennedy Human Rights

World Organisation Against Torture (OMCT)

 

###

En días recientes se ha apresurado en la Cámara de Diputados de México la discusión de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. En espacios públicos y medios de comunicación, legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos han insistido en la aprobación de dicha ley. A pesar del rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y contra la opinión de personas expertas en seguridad y derechos humanos, la Cámara está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre.

En es contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante el avance de la LSI en México y/o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley.

Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país. Asimismo, en el contexto de dicha estrategia, hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.

Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. El Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país. El debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles.

Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles. De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel” si se aprueba la LSI.

* Ver también pronunciamiento publicado el 22 de marzo de 2017: Pronunciamiento abierto de organizaciones internacionales de derechos humanos en contra de la adopción de una Ley de Seguridad Interior en México

 

Organizaciones firmantes:

Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)

Amnistía Internacional

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Conectas Direitos Humanos

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Open Society Justice Initiative (OSJI)

Robert  F. Kennedy Human Rights

World Organisation Against Torture (OMCT)